La aplicación del proceso de amnistía es cuestionada por abogados y defensores de derechos humanos en el estado Lara, quienes alertaron sobre irregularidades que, lejos de garantizar la libertad plena, estarían generando nuevos episodios de revictimización contra presos políticos y sus familiares.
Alexis Ramos, abogado y miembro del Movimiento Vinotinto, aseguró que el espíritu de la amnistía, concebido como el “olvido del proceso penal”, no se está cumpliendo de manera efectiva en la práctica.
Ramos explicó que, aunque algunos detenidos han sido liberados bajo medidas cautelares o con sobreseimiento de sus causas, persisten fallas graves en el sistema judicial.
Detalló que en muchos casos no se entregan las boletas necesarias para excluir a los beneficiarios de sistemas como el SIIPOL, lo que mantiene activas órdenes de aprehensión.
Esta situación genera consecuencias directas: personas que ya habían sido liberadas pueden ser detenidas nuevamente al intentar movilizarse dentro o fuera del país.
Como ejemplo, mencionó el caso de María de los Ángeles Castillo, quien fue detenida nuevamente tras intentar salir del país para reunirse con sus hijas, pese a haber sido previamente excarcelada. Posteriormente, fue liberada otra vez, lo que evidencia, según el abogado, errores judiciales que afectan la estabilidad de los beneficiarios.
Otro de los puntos señalados por Ramos es la dificultad que enfrentan los familiares y expresos políticos para designar abogados de confianza.
Indicó que, pese a que la ley lo permite, en algunos tribunales se obstaculiza la juramentación de defensores privados, lo que limita la posibilidad de gestionar trámites clave como la exclusión del registro policial.
Además, cuestionó la discrecionalidad de los tribunales al decidir si permiten o no que los afectados introduzcan solicitudes formales relacionadas con la amnistía.
Por su parte, Abraham Cantillo, representante de Foro Penal en Lara, aseguró que muchos de los detenidos en el estado Lara enfrentan procesos con pruebas “extremadamente débiles” o sin una relación directa que justifique la privativa de libertad.
Explicó que, en numerosos casos, las detenciones responden más a un “mensaje a la sociedad” que a la comisión de delitos comprobables.
Cantillo señaló que algunas personas han sido encarceladas por manifestar opiniones o inconformidades, lo que, recordó, está protegido por acuerdos internacionales como el Pacto de San José.
Según el balance presentado, en Lara aún permanecen al menos 14 personas detenidas por razones políticas, aunque públicamente solo se habla de 10 casos.
También destacó la situación de detenidos con largos años en prisión, como los policías metropolitanos, quienes, según indicó, ya deberían haber obtenido beneficios como la redención de pena.
Asimismo, denunció falta de acceso a algunos reclusos por parte de sus familiares y defensores, lo que agrava la preocupación sobre sus condiciones.
Ambos abogados coincidieron en que la aplicación de la amnistía debe ser uniforme y sin discriminación, evitando lo que calificaron como “cuellos de botella” en los tribunales.
Criticaron que algunas personas reciban libertad plena mientras otras, en condiciones similares, continúan detenidas o bajo procesos incompletos.
Advirtieron que estas inconsistencias no solo afectan a los beneficiarios directos, sino que generan incertidumbre en la sociedad y dificultan cualquier proceso de reconciliación nacional.
Barquisimeto / El Impulso
