El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, consideró el jueves que la Ley de Amnistía aprobada en febrero es una fuente documental de "gran injusticia".
En un comunicado, criticó que la ley excluya las "violaciones a los derechos políticos" de las personas inhabilitadas por la Contraloría General, ni tampoco incluya a quienes fueron vinculados "falsamente" con delitos de rebelión militar y otros.
VV reprochó que la amnistía no establezca una "reparación moral y económica" para las víctimas de la "represión", con lo cual, a su juicio, aquellos venezolanos que fueron "injustamente encarcelados" y "vieron cómo sus bienes les fueron vilmente arrebatados" carecen hoy de un mecanismo legal para "resarcir el daño moral sufrido, así como para recuperar su patrimonio".
Asimismo, afirmó que la Ley de Amnistía se ha convertido en un elemento que "genera discordia, frustración y perturbación social, por la aplicación arbitraria, selectiva y sesgada de quienes hoy están al frente de los juzgados penales con competencia exclusiva en casos de terrorismo".
En este sentido, aseguró que estos jueces son los mismos que "impune y dolosamente" permitieron "violaciones" al debido proceso a las "mismas personas que hoy acuden masivamente a solicitar ante ellos el beneficio de la amnistía".
Asimismo, llamó a la comunidad internacional y los órganos defensores de derechos humanos a "no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela y a exigir enérgicamente la aplicación de la ley".
Organizaciones opositoras y de la sociedad civil, así como los propios afectados, han denunciado en los últimos días la negativa a las solicitudes de amnistía de Henry Alviárez, coordinador de Organización de VV, y del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico del mayor bloque opositor y de Machado.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.
Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, como presentación periódica en tribunales o la prohibición de salida del país, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
Caracas / EFE
