Venezuela acusó el lunes a Colombia, Chile y México de intentar ocultar la presunta asistencia de sus diplomáticos a uno de los implicados en el atentado con drones que sufrió el presidente Nicolás Maduro.
Al rechazar los pronunciamientos que emitieron la víspera esos países, Caracas indicó en un comunicado que en las declaraciones de los tres gobiernos tienden a "victimizarse y a responder con expresiones destempladas, fuera de toda mesura diplomática".
"La reacción de negación a priori observada por los gobiernos de Colombia, Chile y México pareciera más bien una huida hacia adelante, cuyo análisis elemental lleva a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades", señaló el escrito.
Desde Nueva York, el canciller venezolano Jorge Arreaza pidió a los gobiernos de Chile, Colombia y México que abran una investigación para aclarar “si hubo o no participación de algún funcionario puntual, individual, de sus embajadas, en los planes de fuga de los terroristas en Venezuela”.
En declaraciones a periodistas, Arreaza indicó que uno de los implicados confesó que “en su plan de fuga, se le recomendó acudir a la embajada de Chile, que le iban a ayudar a salir de Venezuela, o a la embajada de Colombia o a la embajada de México”.
“Reaccionaron de manera muy extraña, con una especie de huida hacia adelante tal vez para ocultar algo que nos preocupa”, comentó Arreaza y agregó que Venezuela llevó una nota de protesta a la Cancillería de Chile que convocó al embajador venezolano en ese país por las declaraciones que realizó la víspera el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Declaración polémica
Más temprano, Rodríguez ratificó la declaración que hizo el domingo de que el detenido Henry Rivas -implicado en el atentado contra Maduro- confesó que algunos funcionarios diplomáticos de esos tres países debían asistirlo para recibir la ayuda necesaria para fugarse del país.
Las autoridades detuvieron el 22 de septiembre a Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, al coronel retirado Ramón Santiago García y a Rivas por su supuesta participación en el atentado que sufrió el 4 de agosto Maduro durante un desfile militar en el centro de la capital.
Colombia, Chile y México rechazaron la víspera los señalamientos de Rodríguez y ratificaron su respeto al derecho internacional.
El gobierno colombiano expresó en un comunicado su preocupación por las "repercusiones que en materia de seguridad" pudiesen tener los señalamientos sobre el personal diplomático y consular destacado en Venezuela.
Por el ataque con drones que sufrió Maduro han sido detenidas unas 17 personas, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el diputado opositor Juan Requesens, y se solicitó la extradición a Estados Unidos, Colombia y Perú de algunos de los supuestos implicados, entre quienes se incluye el expresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado opositor Julio Borges, quien se encuentra en Bogotá.
Reacción
Desde Nueva York, el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó que su gobierno vaya a extraditar a Borges, y dijo a la prensa que “seguimos pidiendo por la libertad de los presos políticos, y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo”.
En la acción contra Maduro se emplearon dos dones con supuestos explosivos. Uno de los aparatos sobrevoló cerca de la tribuna presidencial y fue desorientado con equipos inhibidores de señales activados por las autoridades, mientras que el segundo perdió el control y cayó en un edificio cercano al lugar del desfile, según el gobierno.
Por otra parte, el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la fuerza armada nacional anunció el lunes en su cuenta de Twitter que tropas de acciones especiales se desplegaron en la línea fronteriza del estado occidental del Táchira, limítrofe con Colombia, para reforzar el combate a operaciones ilícitas, pero no se ofrecieron detalles.
El jefe del CEO, almirante en jefe Remigio Ceballos, indicó en la red social que la operación busca luchar contra “grupos estructurados de delincuencia organizada” a los que identificó como “paramilitares”. En la cuenta del CEO se difundieron algunas fotografías de decenas de uniformados armados embarcando en un avión militar.
Venezuela y Colombia comparten una frontera común de unos 2.200 kilómetros (km) que constantemente es asediada por grupos de delincuentes, guerrilleros y paramilitares.
Caracas / AP
