Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el fin de la Ley de Amnistía, al considerar que se trata de una decisión “arbitraria e inconstitucional”, debido a que el Ejecutivo no tiene facultades para derogar este tipo de normas y el texto legal no establece una fecha de caducidad.
La ONG Provea señaló en su cuenta de X que la medida “no contribuye al proceso de convivencia y paz” que ha sido promovido por las autoridades, mientras que Acceso a la Justicia insistió en que la ley sigue vigente, independientemente de la postura del Gobierno.
Esta organización explicó que la única forma de dejar sin efecto la normativa es mediante la aprobación de otra ley de igual jerarquía por parte del Parlamento o a través de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, advirtió que la intervención del Ejecutivo en este caso vulnera el principio de separación de poderes.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que declarar el fin de la amnistía por vía administrativa constituye un “atropello al Estado de derecho” y genera inseguridad jurídica, al dejar en situación de vulnerabilidad a los beneficiarios y afectar posibles solicitudes de libertad.
Las ONG también sostuvieron que este escenario confirma dudas previas sobre la efectividad de la ley, al considerar que terminó siendo más un discurso político que un mecanismo real para liberar a los detenidos por razones políticas.
El pronunciamiento se produce luego de que Rodríguez anunciara que la amnistía “llega a su fin”, apenas dos meses después de su aprobación, pese a que aún permanecen 473 presos políticos en el país, según organizaciones independientes.
La mandataria no detalló el alcance de la medida, aunque indicó que los casos excluidos podrán canalizarse a través de otros mecanismos, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999, pero limita su aplicación a 13 hechos específicos, dejando fuera otros casos, incluidos aquellos vinculados a delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Según cifras oficiales, hasta el miércoles 8.616 personas habían sido beneficiadas, de las cuales 314 estaban detenidas y el resto contaba con medidas cautelares.
Caracas / Redacción web
