La ONG venezolana Provea denunció este sábado, en una publicación a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en el país ha habido un "incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente" y "sometidas a largos períodos de incomunicación", sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su "paradero o condiciones de reclusión".
Provea, que describe en el informe 23 casos documentados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, advirtió que los familiares enfrentan "situaciones desafiantes" cuando intentan "agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna".
"Inicialmente todos ignoran el lugar de reclusión, incluso durante meses y en algunos todavía se desconoce; además, todos han sufrido incomunicación y aislamiento", dijo.
Estos casos, prosiguió, forman parte de "un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violación a las garantías constitucionales más elementales como el debido proceso y el derecho a la defensa".
"La falta de respuesta en todos los niveles que impera por parte del Estado genera mayor vulnerabilidad a estas personas, que están bajo su custodia sin cumplir con ninguno de los estándares nacionales e internacionales de privación de libertad", advirtió Provea.
Por tanto, la ONG pide investigaciones "transparentes y expeditas" por parte de la Fiscalía para que se ordene "el cese de la incomunicación a los organismos de seguridad respectivos y determinen e informen de inmediato el paradero de las personas".
Provea también exige a las autoridades "determinar las responsabilidades" por "estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas", con el fin de "imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición".
Además, solicita a la Defensoría del Pueblo "tomar todas las acciones pertinentes dentro de sus facultades constitucionales y legales, entre ellas la inspección de centros de detención, para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Este sábado, Noruega expresó su preocupación por "las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor" de las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente comicial, controlado por funcionarios afines al oficialismo.
En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Gobierno noruego de "atacar la democracia" del país "con argumentos forzados y manipulados".
El pasado julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió de un "aumento drástico" de las detenciones cometidas de "forma sistemática" en Venezuela desde las presidenciales del año pasado, y dijo ver en estos casos "elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada".
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó como "falso" lo señalado por AI y aseguró entonces que las acciones del Estado en "defensa de la paz y la autodeterminación" se basan en los principios constitucionales y legales que rigen al país.
Caracas / EFE
