Durante el último trimestre de 2017, los anzoatiguenses sufrieron en sus comunidades las fallas en el funcionamiento de los diversos servicios públicos: carencias en el suministro de agua potable, interrupciones en la electricidad, irregularidad en la recolección de desechos sólidos y, las deficiencias en el transporte, no fueron la excepción.
Sin embargo, representantes sindicales y directivos de líneas que laboran en el área metropolitana de la entidad, temen que esto podría “agravarse” y dar paso a un “negro panorama” antes de finalizar el primer semestre del presente año.
“Si el Gobierno nacional no nos mete la mano, no provee de repuestos e insumos para levantar la flota, antes de llegar a junio nos podríamos quedar sin ninguna unidad”, advirtió Lorenzo Rodríguez, presidente del Sindicato Único de Transporte Terrestre del estado Anzoátegui (Sutta).
El vocero recordó que debido a la falta de autopartes y a sus elevados precios, la flota disminuyó durante el año pasado.
“En 2017 la cantidad de unidades operativas disminuyó hasta 80%. En junio contábamos con unas 250 y, para finales de diciembre no llegábamos ni a las 200”, aseveró.
Ilegalidad
Pese a que en el transcurso del año pasado, la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Terrestre (Mttu) de la zona metropolitana aprobó tres incrementos del pasaje, los trabajadores del volante aplicaron cinco (los últimos dos no fueron aceptados).
El último aumento, lo ejecutaron en diciembre, pues pasó de Bs 700 (alza ilegal) a Bs 1.000.
Ante esto, Rodríguez consideró que estos incrementos un “paliativo” para el gremio, ya que aseguró que esos montos no cubrieron los requerimientos de los choferes.
Esta afirmación fue respaldada por Nicodemus Zambrano, presidente de la línea Upaca, que opera la ruta Barcelona-Puerto La Cruz.
El directivo aseguró que “esos incrementos no sirvieron de nada”, pues señaló que una paila de lubricante (19 litros) sobrepasa los 10 millones de bolívares.
“Estamos en emergencia. La proveeduría dio cuatro cauchos a la línea, donde hay 160 carros parados. Nosotros teníamos 230”, denunció.
El representante manifestó que la única medida que podría “aliviar un poco la emergencia” sería que el Ejecutivo nacional dote al sector de los repuestos.
“Las fiscalizaciones no sirvieron de nada porque un día fijaban los precios en los establecimientos y al otro los comerciantes los subían hasta el triple”, sostuvo el conductor.
Golpe al bolsillo
En los últimos meses del 2017, el malestar y frustración entre los usuarios del transporte público se incrementó a la par de las alzas de las tarifas, así como también con el incumplimiento de las rutas por parte de los choferes.
Por ello, los comités que defienden los derechos de los pasajeros, “trató en lo posible” de que hicieran cumplir lo establecido en la ley.
Pablo Malavé, quien forma parte de uno de estos grupos, indicó que debido a los incrementos “muchos ciudadanos gastan hasta seis mil bolívares al día en pagos por traslados en unidades públicas” y aseveró que, por esa razón, no estuvieron de acuerdo con el aumento de Bs 1.000.
Con respecto a las mesas de trabajo que deberán iniciarse en febrero para discutir la próxima tarifa, aseguró que no permitirán que los transportistas suban ese precio por encima de los Bs 1.500.
“Es una exageración si piensan cobrar 2 mil y 3 mil bolívares. No lo permitiremos”.
Puerto La Cruz / Alejandra Maigua
