La asociación civil Transparencia Venezuela divulgó, el 20 de marzo, un comunicado a través del cual se pronunció por las investigaciones y detenciones en el país por "graves hechos de corrupción".
La nota se refiere, en primer lugar, a los hechos ocurridos desde el pasado 17 de marzo, cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción anunció la detención de funcionarios del Poder Judicial, la industria petrolera y alcaldías, presuntamente vinculados en actos de corrupción administrativa y malversación de fondos.
«Resulta preocupante que, pese a la gravedad de los hechos a los que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública», se lee en el comunicado.
En este sentido, Transparencia Venezuela destaca que, «aun cuando la investigación está en proceso, el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».
De igual manera, recuerda que «la opacidad que se ha agudizado en las últimas dos décadas, y que está presente en todos los niveles de la función pública, solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones que deben velar por el cumplimiento de las leyes.
Hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’”.
Por esta razón, Transparencia Venezuela exhorta a que se informe al país el procedimiento que se está siguiendo, además de que, «en cada uno de estos casos, la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas».
Adicionalmente, pide que se difunda «información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos», pues «la falta de rendición de cuentas, la ausencia de un sistema de justicia autónomo e independiente, así como la inexistencia de información pública confiable, veraz y oportuna constituyen un gran incentivo para que ocurran hechos como los denunciados».
Asimismo, la asociación civil argumenta que «los graves casos de malversación podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran el acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento; el Ministerio del Petróleo y los demás despachos publicaran sus memorias y cuentas; Petróleos de Venezuela hiciera públicos sus informes de gestión; la Contraloría Ge- neral de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción rindiera cuentas de lo hecho desde su creación hace nueve años».
Transparencia Venezuela enfatiza que respalda «todas las gestiones que se hagan para combatir la corrupción, siempre que se adelanten de manera transparente y con apego a las leyes vigentes».
«Nuestra organización seguirá atenta a las acciones que se emprenden por estos casos, así como sigue de cerca los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos, muchos de los cuales no se han investigado en Venezuela, al menos no que se conozca públicamente», reza el comunicado.
La nota cierra con «datos recabados en fuentes abiertas» sobre los presuntos detenidos: Cristóbal Cornielles Perret, José Mascimino Márquez García, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Hugbel Rafael Roa Carucci, Pedro Hernández y Jorwis Bracho Gómez.
Caracas / Runrunes
