Para distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y especialistas la realización de nuevos comicios en el país, que lleve a una transición, debe cumplir con una serie de condiciones que permitan garantizar la transparencia de los resultados y que incluya reformas no sólo en el ámbito electoral, sino incluso legal y judicial en el marco de una separación -y despartidización- de poderes.
La adecuación de un sistema conveniente para una consulta presidencial no es un asunto que pueda implementarse de manera inmediata, aunque puedan buscarse vías de hacerlo de la manera más expedita posible.
Para la ONG Transparencia Venezuela uno de los primeros pasos es la necesidad de redactar un Estatuto Electoral Especial que permita corregir las fallas y omisiones en términos de la legalidad e imparcialidad necesaria.
La Directora Ejecutiva y fundadora de la organización, Mercedes De Freitas, explicó que el reto actual “no se trata solamente de convocar elecciones, sino de reconstruir el sistema que las organiza cuestionado por su falta de independencia y su subordinación a intereses partidistas”.
Según declaraciones dadas por De Freitas al medio digital la TV Calle, el planteamiento nace de la creación de un “marco normativo transitorio” que tendría como objetivo establecer reglas mínimas para un proceso electoral creíble, comenzando por la “transformación del órgano electoral en todos sus niveles”, desmontar el “control partidista”, enfatizando la necesidad de eliminar restricciones a candidatos como parte de la construcción de condiciones reales de competencia”.
El instrumento puede adoptar la forma de estatuto, decreto o acuerdo político, pero que necesariamente “debe surgir entre un entendimiento entre quienes hoy ejercen el poder y los sectores de oposición”.
Aclara que una reinstitucionalización de este tipo no se limita “únicamente al nombramiento de nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que incluye una reconfiguración integral en su estructura, incluyendo órganos subalternos, equipos técnicos, direcciones de línea e instancias regionales”.
De Freitas indica que el segundo eje prioritario dentro del Estatuto Electoral Especial se centra el Registro Electoral (RE), un elemento clave para garantizar la legitimidad del proceso.
Aunque reconoce que el escenario ideal implicaría una jornada amplia de actualización e inscripción en los 335 municipios del país, el estatuto buscará “evitar que el proceso” se convierta en un obstáculo para una elección a corto plazo.
De igual forma se propone la realización de un auditoría integral del registro electoral, con la participación de actores políticos diversos, con la finalidad de fortalecer la confianza en el padrón.
Marco legal transitorio
En un reportaje publicado por Transparencia Venezuela, escrito por el periodista y especialista Eugenio Martínez, se advierte que la necesidad de un Estatuto Electoral, surge de la tensión entre la vigencia formal -de otras leyes- y la insuficiencia práctica que permita corregir los abusos y omisiones de otras décadas.
“Este Estatuto Electoral Especial debe además concebirse como el paso previo a una reforma electoral más amplia. Se trata de una norma de primer orden, destinada a dotar al sistema electoral venezolano de mayor legalidad, estabilidad, transparencia e imparcialidad sin cerrar la posibilidad de que en el mediano y largo plazo, pueda abrirse un debate más amplio sobre una transformación integral del modelo electoral”, apunta.
Agrega Martínez que el objetivo del Estatuto no es sustituir la Constitución, ni vaciar de contenido la Ley Orgánica de Procesos Electorales o la Ley Orgánica del Poder Electoral, ni derogar el régimen existente, “sino establecer un marco transitorio para el primer ciclo electoral de transición , allí donde el derecho vigente resulte insuficiente para a asegurar imparcialidad, inclusión, verificabilidad y tutela efectiva”.
Caracas / Redacción web - Con información de Transparencia Venezuela
