Ya hace más de un mes que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció -tras una visita de tres días a Venezuela-, la apertura de una oficina de esta instancia internacional en Caracas.
La iniciativa buscaba facilitar la cooperación con las autoridades del país y la asistencia técnica en el marco del Memorando de Entendimiento -suscrito en noviembre de 2021- que abrió las puertas a las investigaciones por presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en 2017 y cuya responsabilidad recaería en funcionarios del Estado.
La decisión fue recibida con beneplácito por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas. Sin embargo, varias semanas después, lo que ha quedado en evidencia es, por un lado, lo demorado en el tiempo que puede resultar el proceso, y por el otro lado, la posición del Ejecutivo que - a pesar convalidar el apoyo de CPI- mantiene sus esfuerzos para desestimar el proceso.
Al menos así lo consideran un conjunto de expertos en la materia consultados por El Tiempo.
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), asegura que a pesar de la “política de cooperación” de Venezuela frente a la Fiscalía de CPI, -que incluyó la firma del memorando de entendimiento-, el Gobierno venezolano niega que existan razones que justifiquen una investigación.
“La posición del madurismo es que dentro de Venezuela se realizan procesos de justicia efectivos, cuando se cometen violaciones de Derechos Humanos, y que en el país no hay comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Jiménez considera que, afortunadamente, la CPI a través de su Fiscalía, ha determinado que ambas premisas no son ciertas, debido a que, “los crímenes de lesa humanidad son aquellos que por sus características lesionan a todos, por lo tanto no prescriben. Por ende, compete a toda la comunidad internacional monitorear y buscar que se logre justicia cuando han sido cometidos”.
Por otro lado, advierte, “no son crímenes que se cometan sin que exista un plan o coordinación de parte de las autoridades y de quienes ejercen la acción”.
Desde el Estado se niega que las violaciones de DD.HH. que se han cometido durante estos últimos años cumplan con esas características descritas.
“Lo cierto es que la misión de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como los informes de diversa organizaciones nacionales e internacionales han demostrado, con mucha seriedad, que las violaciones en el país, sobre todo cuando se trata de: detenciones arbitrarias, persecuciones políticas, tortura, entre otros, no son casos aislados. Por el contrario, responde a patrones específicos de violaciones múltiples de DD.HH., que se han cometido con el conocimiento o la coordinación directa de altas autoridades”, agrega Jiménez.
La CPI no investiga a los Estados sino a los individuos, es decir, a personas que han tenido la responsabilidad que de cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, actos de agresión, según sea la competencia de la Corte.
“Una vez que se identifique a los posibles responsables, la CPI pasa a ejercer su jurisdicción y a establecer esas responsabilidades con sus debidas consecuencias penales. En este momento, en el caso Venezuela, la Corte no ha señalado a ninguna persona en específico, pero la investigación apenas comienza”, indica Jiménez.
Dos de los elementos que abonan el terreno para que la Corte Penal actúe en el país son, por un lado, la presunción de que no se están abriendo los canales necesarios para que las víctimas tengan justicia. “Ante ello, la Fiscalía decide que puede tener un rol de complementariedad, ya que, dentro del sistema venezolano no se cuenta con procesos efectivos y eficientes de justicia”.
El segundo factor, es la falta de división de poderes en el país, situación que propicia la vulneración de los derechos.
“Hay que dejar muy claro que a esta conclusión se llega porque en Venezuela el sistema judicial está sometido al poder Ejecutivo, y al no ser independiente, es más bien un arma de persecución que no garantiza justicia a quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales”.
Detalla Jiménez que si, en efecto, la investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela avanza y la Fiscalía identifica a los individuos en específico como posibles responsables de estos crímenes, “entonces ya pasaremos a otra etapa donde se podría solicitar su comparecencia o en otros casos emitir órdenes de detención, pero para ello todavía falta que avance mucho la investigación”.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, advierte que el Estado venezolano ha manifestado públicamente que tiene varias investigaciones en curso con respecto a posibles violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta condenatoria de los organismos nacionales ha sido mínima en comparación al total de los casos hasta la fecha. Todo esto revela una situación de impunidad.
“El Ministerio Público en septiembre de 2021 y en enero de 2022 informó al Comité de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos, ambos de ONU, que durante los últimos años (2017 a 2021) se han iniciado 4 mil 890 investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, acusando a 731 funcionarios y solo en 118 se han obtenido condenas, es decir solo en 16% de los casos. Con respecto a denuncias de tortura, en tres años se acusaron 325 funcionarios siendo condenados solo 26, lo que corresponde a 8% de los casos. Cifras que revelan la existencia de un patrón de impunidad en casos de derechos humanos”.
Ortega insistió que desde la Corte se están evaluando los crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma, lo que quiere decir que existen diferencias sustanciales en los procesos investigativos.
“La Corte Penal Internacional investiga todos los niveles de responsabilidades (…) La información que envíe el Estado debe cumplir todos los requisitos de investigación bajo estándares de derecho penal internacional y debe demostrar que existe, no solo una voluntad por parte de los órganos encargados de ejercer la acción penal en Venezuela, sino que existen capacidades efectivas y resultados concretos sobre el juzgamiento de estos crímenes”.
Sin embargo, hasta la fecha esto no parece ser así.
Expresó Ortega que lo más importante de estos procesos es el establecimiento de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias, y, sobre todo, para que se puedan crear esquemas de “reparación integral y el establecimiento de garantías de no repetición” de los crímenes.
Detalló que los tiempos en los procesos internacionales no son rápidos, “son carreras de resistencia y mucha constancia”.
“Las víctimas deben encontrar en las organizaciones de la sociedad civil el resorte para acompañarlos en estos procesos (…) Desde Cofavic tenemos, desde hace tres décadas, un acompañamiento con un enfoque psicojurídico que nos permite aproximarnos a la realidad de la víctima no tan solo desde lo jurídico, sino considerando la posibilidad de retomar su proyecto de vida que ha sido destruido por la violencia”.
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que desde el Estado se insiste en dilatar los procesos de investigación, pese a los contactos de los últimos meses o los aparentes cambios de los procesos judiciales.
“No se puede olvidar que a lo largo de 2020 y 2021, sobre todo desde el Ministerio Público, hubo maniobras para intentar evitar el inicio de la investigación que sin duda retrasaron el paso del examen preliminar a esta nueva etapa. Asimismo, la decisión del fiscal Khan revela que en La Haya (Países Bajos) están bastante informados de lo que ocurre en el país”.
Dijo que este paso es otro más dentro del complejo y largo proceso que se abre para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos a partir de 2017.
Recientemente, un grupo de ONG y expertos jurídicos se manifestaron a favor de que la investigación de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela continue, así como también el trabajo de la CPI, a pesar de los esfuerzos infructuosos del gobierno de Nicolás Maduro de hacer que se frenen.
Los organismos de defensa de Derechos Humanos insisten en señalar que decenas de venezolanos perdieron la vida y miles más fueron detenidos, maltratados o torturados por ejercer sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión y, sobre todo, por defender la democracia, una situación que no puede ser soslayada. Ya el hecho de que de que en el país se estén investigando a los autores directos, coinciden los especialistas, es un reconocimiento de la gravedad de los actos criminales.
Caracas / Rafael Arias
