La libertad de prensa es un derecho que tienen los medios de comunicación y reporteros para investigar y mantener informada a la población en general sobre los hechos noticiosos que se generen en el día a día. Sin embargo, en algunas ocasiones los periodistas son blancos de censura o acoso al momento de buscar o mostrar la información.
Los comunicadores sociales en el estado Anzoátegui no escapan de estos actos y también son vulnerables a este tipo de violaciones. El caso más reciente ocurrió el 3 de febrero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) limitaron la labor del reportero gráfico Nehomar Gamboa del Diario El Tigrense, de acuerdo con lo publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).
Según denunció el fotógrafo, durante un procedimiento por tráfico de combustible en la zona sur de la entidad, realizado en un local comercial propiedad del empresario Loimar Molletón, conocido como “Pichicho”, lo obligaron a eliminar las tomas que había realizado con su celular el 3 de febrero.
En un comunicado, publicado en la página web del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) invitan a los agremiados a seguir luchando por el derecho que tienen los venezolanos a la libertad de expresión.
Indicó que un agente que tenía el rostro cubierto le dijo que borrara las imágenes porque si no lo hacía, lo iba a arrestar. Gamboa comentó que al lugar se acercaron periodistas de Televén y Circuito Éxitos, a quienes también les coartaron la libertad de informar.
El fotógrafo mencionó que esa era la primera vez que le sucedía algo así. “Yo estaba ejerciendo mi labor como a diario lo hago, pero en esta oportunidad me lo impidieron. En ningún momento me acerqué a interferir con el trabajo de los agentes de la Dgcim”.
Giovanna Pellicani, delegada del Sntp en Anzoátegui, expresó que este año se ha hecho frecuente que funcionarios policiales o castrenses aborden a los trabajadores de la prensa mientras están ejerciendo su labor. Estos actos son catalogados como intimidatorios, ya que "no es normal que un funcionario interrumpa tu labor. Mientras que no estemos interfiriendo con su trabajo no es normal que ellos interfieran con el nuestro”.
La también corresponsal del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) en la entidad oriental, hizo un llamado a los jefes de los cuerpos de seguridad del estado para que respeten la labor de los trabajadores de la prensa, que es informar a la ciudadanía. “Este trabajo no puede ser limitado, sancionado o censurado porque no hay una ley que establezca que sea un delito informar”.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indican que es un derecho y un deber informarse a través de cualquier medio. Además, de mantener informada a la ciudadanía. “Por lo tanto nadie puede limitar nuestro derecho y deber como periodistas y trabajadores de la prensa. Esto no puede ser vulnerado por ningún ente de seguridad del estado. En los procedimientos no dicen que deben limitar la cobertura periodística”, dijo.
Señaló que actualmente se encuentran en monitoreo sobre este tipo de intimidaciones y de ser constantes, se verán en la necesidad de levantar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP). Aseguró que en Anzoátegui se han registrado cuatro actos intimidatorios de enero hasta abril.
Pellicani afirmó que en el estado han surgido nuevos medios digitales que publican notas complacientes hacia entes gubernamentales. Recalcó que a pesar de no ser ataques directos contra los redactores es el reflejo de los temores que sienten algunos trabajadores de la prensa. “El periodista se autocensura por temor y por intentar resguardar el medio para el cual labora”.
El Ipys ofreció un balance este martes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde refleja que en los primeros cuatro meses del año, se registraron 77 violaciones a la libertad de prensa en el país. El estado que obtuvo mayor restricciones fue Barinas, el cual reportó nueve casos.
De acuerdo con la organización, se contabilizaron 21 limitaciones en la categoría de discurso estigmatizante, 20 en la categoría de ataques y agresiones, y 16 hechos de censura, que fueron las tres categorías con el mayor número de incidencias registradas en los primeros cuatro meses del año.
“También es recurrente que páginas informativas se encuentren bloqueadas y los ciudadanos no puedan acceder a la información digital”, informó Yhoger Contreras, coordinador de monitoreo de la Institución.
Puerto La Cruz / María Alejandra Lunar
