Al ritmo de consignas, gritos y con pancartas en mano, trabajadores activos y jubilados de la administración pública marcharon la mañana de este martes, desde la plaza Bombón hasta la Defensoría del Pueblo, en Barcelona, para entregar un oficio con el cual solicitaron el cumplimiento de las contrataciones colectivas.
La actividad estuvo liderada por dirigentes sindicales de los sectores salud, educación, petrolero y comunicaciones, quienes iniciaron la concentración a las 9:00 am y cerca de las 10:30 am comenzaron a caminar por la avenida Fuerzas Armadas, hasta llegar a la calle Carabobo, en donde se ubica la oficina estadal.
“En primer lugar, estamos exigiendo la derogación del memorando 2792, emanado del Ministerio del Trabajo, el cual violenta y disminuye las convenciones colectivas de todo el sector público. También estamos exigiendo la derogación del sistema Patria, en virtud de que la migración de las nóminas a ese sistema lo que ha ocasionado son problemas y retardos a los trabajadores, en el cual se les vulnera sus derechos laborales”, expresó la secretaria general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas) en la entidad, Janet Cuibas.
Cuibas señaló que en el caso del gremio sanitario, piden el respeto a la libertad sindical, puesto que a partir de hoy, al parecer, quedan excluidos de la nómina del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) todos los dirigentes de las organizaciones sindicales violentando así el derecho al ejercicio y dejando a los trabajadores en la entidad desamparados, porque no tendrán quien los defienda y reclame sus derechos.
Ante esta situación, el coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en la entidad, Edisson Hernández, aseveró que cada día los empleados trabajan más y cobran menos.
“Le exigimos al gobierno nacional que respete las contrataciones colectivas. Ya basta de engaños, de atropellos, de la humillación a la clase trabajadora”.
Derogación
Por otro lado, la presidenta estadal del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, exigió la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
“No sólo nos ha confiscado los sueldos y salarios, también la seguridad social y todos los beneficios que hemos adquirido por contrato colectivo”.
Representantes del magisterio también solicitaron a la gobernación que dé respuesta sobre el recurso jerárquico que se introdujo el 10 de agosto, en el cual planteaban su situación gremial y exigían el restablecimiento de los derechos contractuales, entre ellos el pago del bono vacacional del cual, supuestamente, les deben 70 días.
“Estamos también reclamando las migraciones, porque el gobernador pasó en una forma inconsulta a los educadores al Ministerio de Educación y en vez de mejorar a los educadores lo que se les hizo fue bajarle todos sus beneficios. No se justifica que todavía maestros, que por la contratación colectiva somos docentes IV y V porque tenemos más de 19 años de servicio y resulta que ante el Ministerio nos están colocando como docente I con un salario pírrico”, manifestó Aracelis Ramos, vicepresidenta del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Anzoátegui (Suma).
Barcelona / Elisa Gómez
