Una vez más, trabajadores activos y jubilados marcharon en Barcelona, la mañana de este jueves, para exigir mejores salarios y el restablecimiento de los beneficios contractuales.
El punto de encuentro fue la plaza Bombón, desde donde avanzaron, a las 10:00 am, hacia la sede de la gobernación del estado Anzoátegui, ubicada a escasos metros, a entregar un pliego de peticiones.
La actividad, que estuvo encabezada por el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, y los dirigentes de los diferentes gremios que hacen vida en la organización. También contó con la presencia de las líderes nacionales del sector educación, Griselda Sánchez y Yanett Cazorla; quienes expresaron que estaban para exigir la justa reivindicación del gremio y que les habiliten el sueldo que, supuestamente, tienen suspendidos varios empleados.
Los manifestantes lograron entrar a la plazoleta de la sede, en donde a los pocos minutos, tras gritos y consignas de descontento, fueron recibidos por la Autoridad Única en Educación, Mireya Molero; y el jefe del gabinete interno, Sergio Millán, en representación del gobernador Luis Marcano.
El profesor Virgilio Heredia, coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la entidad, fue el encargado de entregar el documento, el cual fue elaborado en nombre de Fetranzoátegui.
En las dos hojas de escrito expresan que tras una reunión realizada el 18 de enero, acordaron hacer la entrega de las propuestas de beneficios socio-económicos en donde destaca un aumento salarial de 40% por encima del salario mínimo a partir del 1° de enero de este año y un 40% desde el 1° de julio de cada año. En caso de que el Ejecutivo nacional, en el transcurso del año, realice un ajuste del salario mínimo, la gobernación se debe comprometer a mantener la diferencia acordada en la cláusula.
También piden que les cancelen a los trabajadores activos 160 días por concepto de bono vacacional y la misma cantidad a los jubilados por el bono recreativo, el cual debe ser depositado en julio de cada año.
Por otro lado, hicieron referencia a la bonificación de fin de año que, a su parecer, debería ser de 160 días de salario promedio de todos los trabajadores activos y jubilados, monto que debería ser abonado la primera quincena de noviembre.
De igual forma, se refirieron a la manera en la que deben cancelar las jubilaciones, a las deudas pendientes, al seguro funerario, al servicio médico asistencial y al servicio de alimentación.
El documento fue firmado por ambas autoridades estadales, quienes se comprometieron a revisarlo a detalle para darles respuestas, como aseguraron lo han hecho a lo largo de la actual gestión gubernamental.
En medio de la firma del pliego de peticiones, una docente jubilada, que fue identificada como Rosa Arriega, sufrió un desmayo, aparentemente por una subida de tensión, cuando le expresaba a las autoridades su descontento por las condiciones en las que viven.
Inmediatamente, fue asistida por el personal del Ejecutivo estadal, quienes le prestaron los primeros auxilios y llamaron a una ambulancia para realizar el debido traslado a un centro de salud.
Compañeros aseguraron que Arriega es sobreviviente de cáncer y en varias oportunidades ha acudido a las instalaciones a buscar ayuda para estudios médicos.
Barcelona / Elisa Gómez
