El Fiscal General designado por la asamblea constituyente que convocó Nicolás Maduro, Tarek William Saab, dio un giro al discurso del Ejecutivo nacional en relación al caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en abril de 2017 en medio de las protestas contra el gobierno.
Este sábado 1° de mayo y al referirse al caso, Saab aseguró que el joven de 20 años falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, tal cual como aseguró en 2017, la fiscal general Luisa Ortega Díaz durante una rueda de prensa y cuyo conclusión Saab desestimó, al asegurar que hubo manipulación de pruebas.
Añadió que el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
Cabe recordar que el discurso del gobierno de Nicolás Maduro con respecto al caso de Pernalete, y explicado por el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas Poljack, fue que el joven murió por el impacto de una pistola de perno que otras personas que se encontraban en la manifestación y cerca del muchacho habrían accionado contra éste.
Discurso cambiado
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, había denunciado previamente, que según las investigaciones preliminares, Pernalete había muerto por el impacto en su pecho de una bomba lacrimógena disparada por las fuerzas del Estado durante la manifestación.
Efectivamente, luego de más de dos años después, y tras una ardua labor de denuncia por parte de los padres del joven, acompañados por organizaciones de DDHH, el ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
El pasado 27 de abril, al cumplirse tres años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, sus padres emitieron un comunicado en el que rechazan tales imputaciones.
Reclaman José Gregorio y Elvira Pernalete, que se investigue a fondo quién fue el guardia nacional que disparó al pecho de su hijo con toda premeditación y alevosía para que sobre él caiga todo el peso de la ley y no que la posible sanción se diluya en una corresponsabilidad pretereintencional (que el resultado fue mayor que el objetivo inicial).
Hasta ahora el Fiscal no había admitido abiertamente que la versión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz (quien fue designada en su cargo por la Asamblea Nacional -Parlamento- según lo establece la Constitución) era la que estaba apegada al a realidad.
En sus declaraciones de este sábado 1° de mayo, Saab también se refirió al caso del concejal Fernando Albán, quien murió el ocho de octubre de 2018 luego de una fuerte golpiza que sufrió en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim) y de quien igualmente, el gobierno nacional defendió la versión de que el dirigente de 56 años se había suicidado.
El Fiscal impuesto por la constituyente de Nicolás Maduro resaltó que en octubre de 2020 hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia para ordenar una nueva investigación y un mes después el Ministerio Público imputó a dos funcionarios de la Dgcim por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
En el caso de Albán, también se ha exigido que se aclare la responsabilidad de los posibles cómplices y de las autoridades del organismo en cuya sede se produjo el suceso.
Entregarán informe a la CPI
La mención a los dos casos emblemáticos de las violaciones a los DDHH durante la gestión de Nicolás Maduro fueron mencionados por el Fiscal nombrado por la constituyente como casos emblemáticos de la acción de su despacho frente a las violaciones de DDHH.
Lo hizo al anunciar que el Ministerio Público entregará un informe de gestión ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Cabe destacar que el gobernante Nicolás Maduro y varios de sus ministros, han sido denunciados ante la CPI por de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Caracas / TC
