Dirigentes sindicales realizaron una asamblea, la mañana de este lunes, en la sede del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), ubicada en Barcelona, para alertar sobre nuevas posibles desmejoras para los empleados del sector.
“Tenemos entendido que viene un desmejoramiento en todas las cláusulas sociales con el consentimiento del sindicato oficialista, cosa que nosotros, las otras dos federaciones, no vamos a permitir. Por eso estamos alertando a los trabajadores sobre lo que viene”, manifestó el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en la entidad, Giovanni Yaguaracuto.
Mencionó que hace una semana llegó un instructivo con el pago de las evaluaciones que se hacían cada seis meses, pero con incidencia salarial en el bono vacacional y bono de fin de año, entre otros. Sin embargo, ahora, al parecer, se va a realizar cada tres meses y sin incidencia.
Del mismo modo, Yaguaracuto comentó que todavía no han obtenido respuesta sobre la cancelación del bono de uniformes, más que la sugerencia que hizo el gobierno de bajar el monto.
Violación
Para la secretaria general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS) en la entidad, Janet Cuiba, la cláusula de evaluación y desempeño está siendo modificada de manera “unilateral y arbitraria”, violando lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y la convención colectiva acordada con el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
“Las modificaciones están afectando gravemente a los trabajadores en sus ingresos, ya que les están dando solo una condición de reconocimiento moral a los beneficios contractuales. Estamos rechazando desde hace buen rato la violación de los derechos progresivos de los trabajadores, es una violación porque las órdenes vienen de la Presidencia de la República”, resaltó.
Cuiba manifestó que seguirán en pie de lucha en virtud de reclamar los beneficios legales y que las convenciones colectivas se respeten. Mencionó que son normas de orden público, que una vez que se firman y son homologadas ante las inspectorías del trabajo, los patronos no las pueden modificar de manera unilateral y cuando lo hacen, es con acuerdo de las organizaciones sindicales y sólo para mejorarlas.
Barcelona / Elisa Gómez
