El regreso a clases del período 2026-2027, fijado oficialmente para el 14 de septiembre, enfrenta un escenario de profunda vulnerabilidad tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. La emergencia sísmica sacudió un sistema educativo que ya padecía fallas estructurales previas, dejando al descubierto una crisis que combina daños materiales masivos, desplazamiento de comunidades y un enorme desgaste psicoemocional en estudiantes y docentes.
Varios niños y adolescentes damnificados que se encuentran en el sector Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, continuarán sus clases vía online. Así lo informó Rossy Lárez, madre de algunos de los menores que tuvieron que trasladarse a territorio oriental tras los terremotos que sacudieron a La Guaira.
Precisó que uno de sus hijos, al igual que una sobrina, reiniciará su formación en el liceo mediante plataformas digitales, debido a que la infraestructura de la institución sufrió graves daños y aún no está apta para recibir estudiantes.
Añadió que otros dos familiares que cursan estudios básicos también seguirán su proceso de aprendizaje en línea, mientras se logra la rehabilitación del plantel en La Guaira.
Solo uno de sus hijos, quien ve clases en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), continuará su formación de manera presencial en el litoral.
No obstante, Lárez cree que “no aguantará” tener a su hijo tanto tiempo solo en La Guaira, por lo cual tienen previsto evaluar hasta enero de 2027 cómo avanzan las reparaciones de las instituciones educativas donde ven clases sus otros familiares, y luego decidir si regresan a su territorio de origen o permanecen en Anzoátegui.
“Aun cuando él es grande (se refiere a la edad) me da miedo que esté solo allá”, resaltó.
La madre agregó que varias de las familias damnificadas que están en la Aldea de Pescadores han estado viajando a La Guaira cuando los llaman para el proceso de adjudicación de nuevas viviendas o dotación de materiales. “Van para ver cómo va el proceso o si les piden algún documento y se regresan”, finalizó.
El balance oficial presentado por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, contabiliza 900 escuelas con daños menores, 87 con afectaciones estructurales y 11 colapsadas (tres públicas y ocho privadas o subvencionadas). Sin embargo, organizaciones como Consenso Educativo, dirigida por Fausto Romeo, y la Federación Venezolana de Maestros (FVM), representada por Carmen Teresa Márquez, advierten que la magnitud real es mayor y que la mayoría de los planteles carecen de servicios básicos indispensables como agua potable, electricidad y saneamiento, operando sin las garantías mínimas de seguridad exigidas por los organismos de gestión de riesgo.
Para evitar que ningún alumno quede fuera del sistema, las autoridades han implementado un plan de reubicaciones, rezonificaciones y dobles turnos en sedes con buena infraestructura. Un ejemplo es el liceo público Augusto Pi Suñer en El Junquito, cuyos 1.200 estudiantes fueron reubicados en la escuela Sabaneta con un esquema de asistencia presencial reducido a un día a la semana y actividades a distancia el resto de los días. Esta metodología ha sido cuestionada por sindicatos como Sitravargas, presidido por Raúl Yemiñame, y descartada para la primaria debido a las limitaciones pedagógicas y al severo racionamiento eléctrico nacional denunciado por la FVM.
Paralelamente, instituciones privadas como el liceo Alcázar, ubicado en Caracas y marcado con etiqueta roja bajo la dirección de Alfredo Solórzano, o el colegio Iberoamericano, que logró acondicionar un espacio alternativo a 50 metros de su sede destruida, reflejan la incertidumbre que viven los representantes. Además, 50 escuelas han funcionado de manera provisional como refugios para familias damnificadas, un uso que, a juicio de la socióloga Lisett González (Provea), compromete temporalmente el derecho a la educación y al trabajo.
El sismo agravó drásticamente la situación del cuerpo docente. Según estimaciones de Carlos Calatrava (UCAB), entre 6.300 y 7.200 profesores de Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo, Miranda y Yaracuy perdieron sus instalaciones de trabajo, sumándose a una crisis caracterizada por salarios estancados que no superan los 300 dólares y un déficit histórico de educadores. Dirigentes gremiales como Raquel Figueroa (Colegio de Profesores de Venezuela) y Nancy Hernández (Fenasopadre) alertan sobre una posible deserción laboral masiva, ya que muchos maestros perdieron sus viviendas y se encuentran en una situación de indefensión material absoluta ante la falta de políticas sociohabitacionales prioritarias.
Para la vocera de Fenasopadre, la escasez crítica de educadores y la sobrecarga rompen la continuidad pedagógica. Los profesores sobrevivientes lidian con sus propios duelos, enfrentándose a aulas desasistidas y a la tarea compleja de recibir estudiantes que arrastran traumas profundos ante la falta de recursos e institucionalidad para una contención emocional adecuada.
Calatrava y Raquel Figueroa coinciden en que el maestro debe operar simultáneamente como víctima y como soporte emocional, lo que genera un círculo vicioso: la falta de personal sobrecarga a los sobrevivientes, deteriorando de forma directa tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la salud mental del gremio, que urge de atención prioritaria.
En el sector universitario, donde las actividades se reanudaron a principios de septiembre, el regreso a clases ha sido calificado de “agridulce y surrealista” por estudiantes y voluntarios. Testimonios de sobrevivientes y rescatistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) reflejan el impacto emocional de haber perdido a compañeros, familiares o de haber participado en labores de rescate entre escombros.
Ante este panorama de hipervigilancia y estrés crónico, la psicóloga Karla Morillo enfatiza que las instituciones deben promover una actitud de empatía y acompañamiento. Organizaciones como Cecodap y la OBE de la UCV señalan que la respuesta institucional exige una estrategia sostenida de salud mental y pedagogía de emergencia para sostener a una comunidad educativa que intenta reconstruir su rutina sobre los escombros.
Paralelamente, a pesar de que el ministro Rodríguez reportó una reducción en el déficit de docentes especialistas, Fausto Romeo advierte que la solución no debe pasar por acortar la formación o licenciar técnicos de manera apresurada, ya que la verdadera pedagogía requiere tiempo y la incorporación de profesionales no docentes debe estar acompañada del componente pedagógico adecuado.
Frente a la crisis y la falta de diálogo institucional denunciada por los especialistas, los informes de Cecodap y Redhnna recuerdan que la obligación estatal no se limita a reabrir escuelas de manera precipitada, sino a garantizar entornos seguros y condiciones laborales dignas. Las tragedias no tocan a todos por igual, y múltiples factores amenazan un regreso a clases que exige respuestas activas del Estado:
Jesús Bermúdez / TelCual / Efecto Cocuyo
