El secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Municipal y otros organismos (Suepples) del estado Sucre, Ramón Gómez, informó que están a la espera de una reunión con la gobernadora Jhoanna Carrillo, con el fin de evaluar la situación de los trabajadores adscritos al Ejecutivo regional.
El dirigente recordó que durante la campaña, el hoy alcalde de Cumaná y entonces secretario de gobierno, Pedro Figueroa, convocó a un encuentro con la mandataria regional, y se escucharon planteamientos y lo que esperaba el sector laboral, pero desde la fecha, hace ya cuatro meses no se ha producido ningún contacto.
Evaluó la situación como negativa para fin de año, porque sigue sin haber una variación salarial, aunque reconoció que en la Ley de Presupuesto regional de este año se contemplan dos ajustes para los trabajadores de la gobernación.
Gómez dijo que en la legislación venezolana no existe el término “ingreso”, por tanto, relató que se trata de una nomenclatura inventada por el gobierno y esperaban un “ajuste” en los bonos que otorga a través del Sistema Patria para los trabajadores, como el bono de guerra.
Calificó de preocupante la negativa de mejorar los salarios de los trabajadores y los bonos no tienen incidencia en prestaciones, vacaciones o utilidades, por lo que no hay esperanza de mejora salarial de los trabajadores tanto públicos como privados.
Rechazó, además, el pago fraccionado de la bonificación de fin de año, lo cual calificó como ilegal. “Es una conquista laboral y se paga en una sola porción y desde 2018, vemos con absoluta preocupación y desesperanza, que el gobierno insiste en pagar fraccionado, de manera ilegal y arbitraria, porque no hubo consulta con las organizaciones sindicales”.
Deploró que la Central Bolivariana de Trabajadores (CBT), lejos de defender los intereses de los trabajadores, se dedique a defender las políticas salariales y laborales del gobierno que “constriñen derechos trabajadores, ya establecidos en la Constitución y en tratados y pactos internacionales que ha suscrito Venezuela y de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Carta Magna”. Mencionó derechos como el salario justo, la libertad sindical, la negociación tripartita.
Dijo que la perspectiva en el sector es muy negativa y señaló que espera una toma de conciencia desde los gobiernos nacional y regional, “porque es necesario producir una mejora sustancial. No en términos de ingresos, sino de salarios”.
En este sentido, recalcó que al no ajustar, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, se produce un delito de lessa humanidad, porque es un derecho con rango humano. “No puede ser que nuestro salario esté por debajo de un dólar”.
Rechazó el argumento gubernamental que establece el ingreso en 160 dólares, 120$ por bono de guerra y 40$ por cesta ticket, que en el caso de la gobernación si tiene incidencia salarial, pero no en el resto de la Administración Pública.
Insistió en que espera una reflexión desde el gobierno, ante los anuncios de crecimiento económico y el aumento de la actividad petrolera, lo que se exporta de oro y otros minerales, como el hierro, el aluminio, el coltan y la electricidad que se exporta a Brasil y a Colombia y los ingresos del Seniat, que se traduce en mejores ingresos.
“Hay los recursos, y en las estadísticas que presentó el Banco Central de Venezuela, en el Foro de Diálogo Social Tripartita de Consulta Salarial el 20 de enero, los números oficiales establecieron que había suficientes recursos para establecer un salario entre 200 y 377$ dependiendo de algunos parámetros. Pero lo importante es que hay recursos, hay capital para hacer el ajuste salarial, pero lamentablemente no existe voluntad política”.
Sucre / Corresponsalía
