Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, informó por medio de su cuenta en Twitter que entregaron un informe ampliatorio (este sería el quinto) ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde exponen el supuesto uso de las redes sociales en el caso Venezuela 1 para «la manipulación mediática que ha caracterizado al examen preliminar».
A juicio del Estado venezolano, el examen que adelanta la CPI contiene información que ha sido «manipulada por las redes sociales y los medios de comunicación». No obstante, Saab ha dicho que el gobierno de Nicolás Maduro trabaja «a ciegas» en cuanto a la información que ha recibido la Fiscalía de la Haya; pero en esta ocasión, detalla que el nuevo informe contiene «ejemplos y casos reales» que «demuestran» que la información que analiza este organismo tiene «sesgo político».
En este mismo sentido, se expone que Twitter se ha utilizado por medio de cuentas de personas con cierta reputación «para transmitir la idea preestablecida de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluso para influir en en la decisión a futuro de la CPI».
La comunicación enviada condena que para el caso Venezuela 1 se utilicen ciertos hashtags, impulsados por influencers con objetivo de influir en la predeterminación de delitos y en la tipificación de mismos crímenes de lesa humanidad, «algo que es completamente falso y carente de argumentos», dice el texto.
El comunicado emitido por el Ministerio Público agrega que la red social Twitter se ha utilizado en este tema para «manipular hechos concretos y dotarlos de una calificación jurídica mayor, más grave e incluso irreal, e invisibilizar los trabajos que las autoridades de Venezuela están realizando para el esclarecimiento de estos hechos».
Para Tarek William Saab es indispensable que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre su posición con relación a la información ofrecida desde el Estado venezolano ante este organismo y que establezca una hoja de trabajo conjunto «para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano tiene desde que fue requerido por la CPI en octubre de 2020».
Este nuevo informe fue enviado a la CPI, justo dos días después de que la fiscal jefa de este organismo, Fatou Bensouda, manifestara que espera en «los próximos días» anunciar si se abre o no una investigación en Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, tan pronto como ese tribunal atienda una solicitud hecha por la administración de Nicolás Maduro.
Anteriormente, la fiscal Bensouda desmintió a los funcionarios de Nicolás Maduro, quienes acusaron a la CPI de no «cooperar» con Venezuela. “Con total respeto, es incorrecto. Mi oficina se ha comprometido extensivamente con Venezuela incluso con la más alta autoridad“, respondió Bensouda durante una entrevista con France24.
Caracas / Tal Cual
