Este miércoles 9 de octubre, la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón denunció que se cumplen ocho meses de la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
La ONG expresó a RunRunes que “es inaceptable que se le niegue el acceso a abogados de confianza para ejercer su defensa. La privación de su libertad es un atentado contra la justicia y los derechos fundamentales”.
Asimismo, la ONG exigió la liberación inmediata de San Miguel y el respeto a su derecho a una defensa legítima.
El 9 de febrero de 2024 la directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida en el momento en que tenía previsto abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Según fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, la detención de la activista se produjo por “estar presuntamente vinculada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.
Tres días después, William Saab informó que el tribunal segundo con competencia en materia de terrorismo, dictó privativa de libertad contra San Miguel por los delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros”.
El Panel de Expertos de la OEA no dudó en calificar de detención arbitraria y desaparición forzada lo ocurrido con la activista. Agregó que tomó la decisión de incluir este caso en un informe que remitiría a la Corte Penal Internacional.
El 10 de abril, Joel García, defensor de Rocío San Miguel, denunció que a dos meses de la detención de la abogada, el juez de la causa manenía las violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso.
Cuando se cumplieron 80 días de la detención de la activista, el abogado informó que la situación era la misma: “Permanece en estado de indefensión; ya fue presentada la acusación en su contra por el Ministerio Público; y en ese mismo estado pretenden hacerles (a ella y a Alejandro González, quien también está detenido) la audiencia preliminar para luego ser llevados a juicio”.
A pocos días de cumplirse los cinco (5) meses de la detención arbitraria, el alto comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. publicó un informe donde dejó constancia que San Miguel continuaba detenida y sin acceso a una defensa legal de su elección.
El 17 de septiembre 2024 la Misión de Determinación de Hechos de la ONU publicó un reporte sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela y mencionó el caso San Miguel, expresando una “profunda preocupación” por las irregularidades cometidas e instó al Gobierno a “a poner fin a la ola de represión contra los opositores”.
Puerto La Cruz / Redacción El Tiempo
