A partir del lunes 24 de marzo de 2025, se implementará un horario reducido en los entes públicos, con una jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. durante un período de seis semanas.
Este ajuste afectará a la mayoría de los organismos, exceptuando aquellos que proporcionan servicios esenciales, como salud, seguridad y transporte público, cuya operación se mantiene en sus horarios habituales.
Además, se instaurará un sistema de trabajo denominado "1x1", que permitirá a los empleados públicos alternar días laborables con días no laborables, garantizando una distribución equitativa del tiempo y al mismo tiempo ayudando a reducir el consumo de energía en la administración pública.
Según informó el Ministerio de Energía Eléctrica en conjunto con Corpoelec a través de sus cuentas en redes sociales, los trabajadores del sector público complementarán su horario especial con labores relacionadas con la consolidación de las Salas de Autogobierno Comunal, promoviendo la organización y participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afecten su bienestar.
También se hace un llamado a la población en general a tomar medidas como el ajuste a 23 grados de la temperatura de los aires acondicionados, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando.
En el comunicado se detalla que estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para aumentar la resiliencia del país frente a los efectos del cambio climático y fortalecer la red de apoyo comunitario, tomando en consideración que esta emergencia aumenta las temperaturas en un evento climatológico que afecta el nivel del agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina.
Las medidas, que entrarán en vigor desde este lunes, buscan optimizar el funcionamiento del Estado mientras se responden de manera efectiva a las altas temperaturas que, según expertos, están previstas a persistir durante las próximas semanas.
Con esta estrategia, se busca reducir la exposición al calor extremo en las oficinas públicas, proteger la salud de los trabajadores y garantizar la continuidad de los servicios esenciales sin comprometer el bienestar social.
