Este martes, en el marco de una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el presidente de este ente legislativo, Jorge Rodríguez, presentó lo que describió como pruebas contundentes de que “la ultra derecha venezolana” sigue promoviendo bloqueos económicos contra el país en el ámbito internacional.
Según Rodríguez, estas acciones se han intensificado mediante la «implementación de sanciones coercitivas» por parte de gobiernos extranjeros, particularmente de los Estados Unidos.
En su intervención, el presidente de la AN electa en 2020 rechazó con firmeza la ley estadounidense HR 825, un proyecto que, según explicó, busca incrementar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Rodríguez calificó este proyecto como «ilegal e ilegítimo», al tiempo que denunció que las sanciones impuestas son una violación de los derechos humanos, ya que afectan de manera directa a la población venezolana al cercenar su libertad económica.
«La HR 825 es un intento más de intensificar las sanciones, que son crímenes de lesa humanidad dirigidos al exterminio de nuestra libertad económica», afirmó Rodríguez, subrayando que, a pesar de las restricciones impuestas, es la Revolución chavista la que sigue defendiendo los intereses del pueblo venezolano.
El alto funcionario, en tono desafiante, aseguró que Venezuela saldrá victoriosa nuevamente frente a estas medidas. “Los vamos a volver a derrotar y van a comer el polvo de la derrota nuevamente», sentenció, aludiendo a la resistencia histórica del pueblo venezolano ante las sanciones y bloqueos internacionales.
Rodríguez también propuso que la Asamblea Nacional apruebe una nueva legislación que denominaría la Ley Especial Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley, según indicó, serviría como un instrumento legal para contrarrestar las políticas de sanciones internacionales y proteger la soberanía económica del país.
Asimismo, el presidente de la AN destacó que, aunque se afirme que las sanciones solo afectan al gobierno, estas también perjudican a sectores de la población que no participan directamente en la política, incluidos los opositores y los ciudadanos que buscan llevar una vida tranquila, sin involucrarse en disputas políticas.
