En aras de combatir la inseguridad y el crimen organizado, el Gobierno de Perú prorrogó por 45 días el “estado de emergencia” (excepción) decretado desde febrero pasado en Lima Metropolitana y la provincia vecina del Callao.
La medida, que fue anunciada en un decreto supremo y entra en vigor desde este mismo viernes 16 de septiembre, dispuso que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP), que sigue a cargo del orden interno de las ciudades.
“Durante su vigencia, tanto en Lima como en el Callao «quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el decreto.
Precisó, además, que la intervención de las fuerzas de seguridad se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto N°1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y en el decreto N°1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno del presidente Pedro Castillo señaló que informes “reservados” de la PNP recomendaron “la necesidad de continuar con las operaciones dirigidas a reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana” en Lima y el Callao.
La Constitución peruana prevé que “son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.
Lima / Redacción web
