Para los representantes gremiales y dueños de negocios, un sinfín de problemas derivados de la crisis económica de Venezuela tienen al sector comercio en estado de agonía.
Consideran que es necesario que el Gobierno nacional ejerza maniobras urgentes para reanimarlos o, de lo contrario, habrá muchos más cierres de establecimientos.
Desde hace más de siete años, mantener un local en un país con un grave índice inflacionario ha representado un enorme reto, dado que las ganancias obtenidas del trabajo diario resultan insuficientes para cubrir todos los compromisos que este tipo de actividad conlleva.
Para colmo de males, en marzo de 2020 la situación empezó a complicarse todavía más por la llegada de la pandemia del covid-19 y el decreto de cuarentena, pues los establecimientos no relacionados con salud y alimentos tuvieron que bajar la santamaría como parte de las medidas implementadas para cortar las cadenas de contagio.
En ese entonces los propietarios de comercios tuvieron que ingeniárselas para pagar alquileres, plantilla de trabajadores, servicios básicos y reponer inventarios. Aun teniendo los locales abiertos, se hizo cuesta arriba asumir estos gastos, debido al escaso poder adquisitivo del ciudadano por los bajos salarios y la falta de financiamiento de la banca al ramo empresarial.
Vladimir Simoza, encargado de una zapatería en Puerto La Cruz, manifestó que en el segundo mes de confinamiento tuvo que despedir a sus tres empleados porque no les podía seguir pagando y, desde casa, empezó a vender los productos de demanda en medio de la situación, tales como detergentes, mascarillas y alimentos.
“No fue fácil mantener el negocio durante todo ese tiempo de cierre porque no pudimos vender ni un par de zapatos. Fue gracias a los ingresos de la temporada decembrina que costeamos el alquiler del local, la liquidación de los muchachos que despedimos y las mercancías que empezamos a vender”, comentó.
Wael Raad y Hernán Reyes, presidentes de las cámaras de Comercio de Barcelona y Lechería, respectivamente, señalaron que grupos de venta de WhatsApp y redes sociales jugaron un papel importante para seguir generando ingresos en medio de la pandemia. Sin embargo, la quiebra de negocios siguió su paso.
Según Raad, 25% de los comerciantes asentados en la zona se vieron en la obligación de cerrar sus puertas desde que se inició la cuarentena y 30% de los que se mantienen activos está en riesgo de hacerlo también, si las autoridades gubernamentales no desarrollan estrategias para abrir el comercio e incentivarlos financieramente.
De acuerdo con las cifras que maneja el gremialista, la deserción de comerciantes formales ha sido dramática en Barcelona.
“Cuando Guillermo Martínez estaba en la alcaldía había más de 5.000 comercios que contribuían con los impuestos municipales. En febrero de 2020 conocimos que quedaban apenas 1.200”, señaló.
Raad agregó que algunos se fueron del país y otros optaron por incursionar en el sector informal porque al vender en la calle no están obligados a pagar nada como ocurre con los que tienen locales.
En Lechería más del 10% de los grandes establecimientos también tuvieron que cerrar durante la pandemia, mientras que 70% de los nuevos emprendimientos que se habían levantado se fueron a la quiebra, dijo Hernán Reyes.
Aseveró que esto se debió a que las tarifas de servicios públicos ahogaron a los agremiados al ser demasiado altas, e iguales para pequeños y grandes tiendas. Puso como ejemplo el costo del aseo urbano que supera los 70 millones de bolívares y “de paso es cada día mas deficiente”.
Medidas
Cuando apenas se cumplía un mes de cuarentena, muchos comerciantes de la zona norte de Anzoátegui, que eran considerados no esenciales, decidieron abrir sus puertas a pesar de que no estaba permitido, y lo hicieron bajo el argumento de que “el que no trabaja no come”.
Glendy Nery, propietaria de un negocio de ropa en el bulevar 5 de Julio de Barcelona, recordó que desafiar el decreto gubernamental le traía problemas con la policía, por lo que decidió cambiar lo exhibido en sus vidrieras por alimentos, que era lo que se podía ofrecer en aquel tiempo, además de medicinas.
“Los cuerpos policiales pasaban en sus recorridos y se paraban a decirnos que cerráramos a pesar de que ahora teníamos estantes con comida. Luego de una semana ya conocían que todos teníamos la necesidad de trabajar y nos dejaron quietos”, manifestó.
La historia se repetía en cada cuadra. Locales de ropa y calzado pasaron a ser aparentes expendios de comida.
El sábado 30 de mayo de 2020, el presidente Nicolás Maduro anunció una modalidad de flexibilización de la cuarentena, denominada 5+10, que se aplicaría a partir del lunes 1 de junio. Con este esquema, nueve sectores podían laborar por cinco días seguidos de otros 10 días de cuarentena radical.
Entre los autorizados se incluyeron agencias bancarias, consultorios médicos y odontológicos, construcción, ferreterías, peluquerías, textil y agroquímicos, talleres y servicios.
Posteriormente el método se fue ampliando con una semana de flexibilización y una de cuarentena. Así, se agregaron más sectores, como autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, comercios textiles, calzado y mercerías, industria y comercialización de papelería, heladerías y cafeterías (solo para llevar), lavanderías y tintorerías, fabricación y ensamblaje de equipos eléctricos, servicio de encomiendas, registros y notarías, veterinarios, autocines y centros comerciales. Además, se permitió abrir gimnasios y hacer eventos deportivos sin público.
La medida fue aplaudida por los agremiados, ya que resultó un respiro tras seis meses de encierro radical o de “sobrevivencia”, como los mismos comerciantes lo calificaron.
Una vez abiertos con las medias sanitarias, en los comercios comenzaron a verse estrategias para captar clientes: combos, rebajas y promociones, pero los esfuerzos no siempre daban buenos resultado.
La comerciante Nery señaló que, aunque retomaron las actividades, las ventas no mejoraron. Detalló que en su caso, durante una semana no alcanza a vender ni 50 blusas cuando tres meses antes de la pandemia sí lo hacía.
“El comercio está prácticamente muerto, las ventas están patéticas, los ingresos del ciudadano común no le alcanzan para comprar otra cosa que no sea comida o remedios. Algo que nos ha dado ventaja en las fechas festivas es que todavía hay quienes invierten sus ahorros y el flujo de dólares es lo que nos salva”, comentó.
A juicio del presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Marco Tulio Salazar, lo único que puede librar al comercio de una muerte lenta es que el Gobierno se interese en incentivar tanto al sector público y privado, incluidas las industrias, comprendiendo el lenguaje comercial y el impacto negativo que les ocasionó la pandemia.
Además, dijo que deben estudiarse los ingresos salariales de los venezolanos, pues eso se añade a la raíz del problema.
“Es necesaria una reingeniería en el sector económico para que el sector comercio vuelva a cobrar vida. De nada sirve que se potencien las industrias y se abran más empresas si los consumidores no tienen el poder adquisitivo para comprar. Son cosas que deben ir de la mano, debe ser una reacción en cadena”, expresó.
Barcelona / Milena Pérez
