Las acciones del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua "constituyen una perversa negación del Estado de Derecho" y siguen restringiendo el espacio democrático, aseguró este jueves la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que ha contabilizado al menos 30 nuevas detenciones en relación con esta represión desde el mes de marzo.
La alta comisionada adjunta de la oficina, Nada al Nashif, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización de la situación en el país centroamericano desde la anterior sesión de esta asamblea en marzo, y aseguró que el estado de sus libertades fundamentales "sigue causando grave preocupación".
"El Gobierno sigue expandiendo sus restricciones indebidas contra los espacios cívicos y democráticos, mientras profundiza su control sobre el Poder Judicial y lo usa para implementar una campaña sistemática de represión", indicó la número dos de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
Al Nashif señaló que al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018, mientras continúan las "detenciones ilegales y arbitrarias, a las que a menudo siguen juicios que no cumplen las mínimas garantías de debido proceso".
En ese contexto, agregó, "opositores políticos, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales son encarcelados en condiciones inhumanas", que incluyen aislamiento prolongado, falta de acceso a medicación, sanidad y productos de higiene o ausencia de visitas familiares.
La alta comisionada adjunta mencionó los casos concretos del diputado de la Asamblea Nacional y líder indígena Brooklyn Rivera, cuya detención ni siquiera ha sido reconocida por las autoridades, por lo que sus familiares ignoran su paradero.
También denunció la situación del participante en las protestas de 2018 Jaime Navarrete, aún en cautividad pese a haber cumplido su sentencia en enero de 2023.
Mencionó por último el caso de la defensora de derechos humanos de 85 años Vilma Núñez, despojada hasta de la nacionalidad nicaragüense y sin derecho por ello a pensión, atención médica o derecho a ejercer su profesión de jurista.
"Pido al Gobierno que cese inmediatamente su acoso contra ella, restablezca su nacionalidad y le devuelva su licencia de abogada", declaró Al Nashif ante el Consejo de la ONU.
La número dos de derechos humanos de Naciones Unidas reiteró también la preocupación de su oficina por la persecución de miembros y líderes de grupos religiosos, señalando que desde 2019 un total de 311 asociaciones evangélicas han sido disueltas en el país, ocho de ellas en los últimos tres meses.
"Proteger el espacio cívico y reconstruir las instituciones del Estado de Derecho serían los primeros pasos para revertir la grave erosión de los derechos civiles y políticos que Nicaragua ha sufrido desde 2018, con el fin de alentar una reconciliación genuina y una paz sostenible", concluyó Al Nashif.
En el turno de réplica intervino por videoconferencia la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, quien aseguró que las autoridades de su país no aceptan estas actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos, "que carecen de valor y credibilidad".
"No son más que una justificación para suplir las agendas de estos foros con el ánimo de hacer creer que realmente están preocupados por Nicaragua, cuando en realidad lo que buscan es alimentar la división, la desinformación y la agresión contra todo un país que busca salir adelante", afirmó la procuradora general.
Morales agregó que los datos presentados por Al Nashif proceden de grupos "que forman parte de una agenda definida en falsedades y busca invisibilizar los grandes avances que en materia de derechos humanos ha alcanzado el pueblo nicaragüense".
Ginebra / EFE
