La Corte Penal Internacional (CPI) publicó este 19 de octubre su segundo informe sobre la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) para el caso Venezuela I. En ese documento ratifican que más de 2.600 personas quiere que continué la investigación forense internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que se descarte la opción solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro anular dicho juicio.
En agosto de este año, la Cancillería venezolana presentó una apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la reanudación de la investigación del caso «Venezuela I» sobre detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales que la prensa nacional, la sociedad civil venezolana y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU están documentando desde el 2014.
Bajo el protocolo de la Corte de la Haya, la institución internacional decidió el 7 de septiembre abrir una segunda vuelta para escuchar a las personas afectadas por la emergencia humanitaria compleja y la represión estatal.
43 días después de anunciar la segunda VPRS para Venezuela, 2.684 víctimas individuales y 104 familias que han sufrido presuntos crímenes de lesa humanidad enviaron 172 documentos a la Sala de Apelaciones de la CPI para ratificar que se debe investigar a los miembros del gobierno de Nicolás Maduro como los principales señalados de perpetrar los hechos.
«El hecho de que los mismos crímenes que el gobierno venezolano alega repetidamente estar investigando sigan siendo cometidos por las autoridades del Estado —incluso en los últimos dos meses a partir de la fecha de este documento (…)— demuestra claramente que el Estado no quiere o no puede investigar realmente los crímenes», se lee en el informe.
La CPI informó que la mayoría de las más de 2.600 opiniones recopiladas en este informe no son las mismas que las presentadas en abril, cuando se publicó el primer VPRS sobre el caso Venezuela I. La institución estaría evaluando de manera confidencial las opiniones de 2.047 solicitudes que afirman al unísono que el Estado venezolano no tiene un sistema de justicia transparente e imparcial.
«Las víctimas consideran que la CPI es su única y última esperanza de justicia», dice el segundo VPRS sobre Venezuela. «Algunos de los interlocutores consultados ven la apelación del Gobierno como una táctica dilatoria; consideran que los argumentos presentados por el gobierno ante la Sala de Apelaciones demuestran que Venezuela no está reconociendo que se cometieron y que se siguen cometiendo crímenes, y que no está dispuesta a llevar a cabo investigaciones auténticas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país».
El ente internacional advirtió que los casos se manifiestan como «presuntos» porque ningún juez ha dictado una sentencia, respetando el derecho humano al debido proceso que ONG venezolanas denuncian que no existe en el país.
Por otra parte, la Corte de la Haya advirtió que las víctimas denunciaron que no hubo una participación más alta porque los documentos e instrucciones para participar en los VPRS no estaba en español, e instaron a la institución a utilizar el castellano como «uno de los idiomas de trabajo en la presente situación».
Las víctimas también incluyeron la falta de servicios públicos, alimentos, salud y otras «circunstancias calamitosas» como trabas para lograr una mayor participación.
Dentro de los testimonios recopilados se evidencia las denuncias por la revictimización por parte del gabinete de Nicolás Maduro, que utilizó el término «víctimas potenciales» para desacreditar la veracidad de los afectados antes de iniciar cualquier investigación. De ahora en adelante, la CPI se referirá a las personas que claman justicia internacional como «Víctimas de la Situación».
A diferencia de los discursos recopilados en abril por la CPI, este nuevo informe reitera que la Corte debe incluir los crímenes cometidos desde el primero de julio del año 2002, cuando Hugo Chávez Frías estaba en el Poder Ejecutivo venezolano y entró en vigencia el Estatuto de Roma, documento que firmó el país para investigar los crímenes de lesa humanidad.
Además, por primera vez sale en un documento público de la CPI el término jurídico del «Sippenhaft» o «Sippenhaftung» (traducido del alemán como «responsabilidad familiar» y que fue aplicado durante la Alemania Nazi) para describir que el Estado venezolano amenaza, castiga y persigue a los allegados de las víctimas desde hace más de 20 años.
«Desde hace mucho tiempo vienen aplicando la Sippenhaftung con familias, amigos y vecinos de personas que han alzado su voz contra las violaciones a los derechos fundamentales», se lee en el testimonio protegido bajo el numeral «f» en la página 13 del informe.
«Nuestra única esperanza real y seria es la CPI. ¿Por qué se tarda tanto en hacer justicia? En Venezuela solo quedamos nosotros (las víctimas directas), los ancianos y los niños no acompañados, porque nuestros hijos se vieron obligados a huir para preservar su vida y su libertad», agrega.
Si bien las facciones del madurismo y la oposición política firmaron un par de acuerdos para restablecer la democracia y los derechos humanos en Barbados, las víctimas apelaron a la CPI a mantener su confidencialidad y agilizar el proceso judicial, ya que las amenazas e instigaciones «se intensifican con cada periodo electoral», dice uno de los testimonios.
La Corte de la Haya está en proceso de instalar una oficina en Caracas para monitorear y aconsejar al sistema de justicia venezolano sobre cómo abordar los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Todas las presentaciones recibidas por la VPRS indicaron que las víctimas desean que el Fiscal de la CPI investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Situación» y que, por lo tanto, la Decisión de los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I, autorizando al Fiscal Karim Khan «debería ser confirmada en apelación».
El ente internacional informó que su próximo paso serán las audiencias de apelaciones sobre el caso el 7 y 8 de noviembre, cuando la CPI evaluará las declaraciones del gobierno madurista frente a las de las víctimas para decidir si se investigará el caso Venezuela I y si, a corto plazo, se precisarán los casos puntuales dentro del juicio.
Caracas / Runrunes
