El delito de Óscar Castañeda fue depositar su confianza en la líder opositora María Corina Machado y hacerlo público durante un acto en Turén. Pocas horas después, el 27 de abril de 2024, la policía del estado Portuguesa lo apresó y entregó a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La historia de su detención arbitraria por manifestar su inclinación hacia la opción opositora para las presidenciales del 28-J se cuenta por decenas desde enero de 2024.
Un reporte de la organización Laboratorio de Paz advierte que en el contexto electoral se han registrado más de 46 detenciones injustas, muchas de ellas marcadas por la desaparición forzada, uno de los patrones ejecutados por los funcionarios policiales durante la gestión de Nicolás Maduro, según denuncias de familiares de presos políticos que han sido registradas por los organismos internacionales.
Por lo menos 20 de los detenidos pertenecen al movimiento Vente Venezuela (VV) o han manifestado su respaldo hacia Machado. Otros forman parte de partidos como Primero Justicia (dirigido por María Beatriz Martínez) y La Causa R. Incluso, en la lista también aparecen conductores y personas que simplemente alquilan el sonido para las movilizaciones que se han dado en el país, como en el caso de Francisco Lorenzo González y su hijo, Luis Manuel Lorenzo Martínez, quienes ahora se encuentran en libertad.
Los dirigentes han sido acusados de incitación al odio y asociación para delinquir, como en los casos de Luis López y Juan Iriarte, ambos aprehendidos en Vargas. Otro caso, como el del sindicalista de Barinas, Víctor Venegas, a pesar de que fue liberado después de más de dos meses, debe presentarse en tribunales cada 30 días y no puede salir del país.
Organizaciones de la sociedad civil han considerado que estas prácticas ilegales forman parte de una política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización que viola lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
Las detenciones de dirigentes antichavistas son solo una parte de las decenas de acciones contra los seguidores de Machado y del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, registradas en los últimos meses.
Durante la precampaña -que se extendió desde el 20 de abril hasta el 3 de julio y llevó a la dirigente de VV a visitar 16 estados-, fue posible observar el uso desproporcionado de recursos del Estado en la logística de actividades oficialistas -más de 200 movilizaciones y concentraciones en 10 semanas.
Tanto Machado como González, han sido objeto de trabas promovidas o desde el Gobierno o por militantes del chavismo, entre ellas: obstaculización y cierre de vías -al menos siete bloqueos de vías en la precampaña, según el Laboratorio de Paz-; cierre, por parte del Seniat, de locales que le hayan prestado servicios a la dirigente y su equipo (hoteles, restaurantes) -16 establecimientos inspeccionados o clausurados hasta finales de junio-; sanciones o decomisos a quienes proporcionen medios de transporte, altavoces y tarimas; cortes de luz, impedimentos para acceder al suministro de combustible; amenazas y agresiones personales.
Adicionalmente, el Gobierno también ha usado el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para judicializar partidos, inhabilitar y destituir funcionarios, cambiar la normativa electoral, impedir la inscripción de candidatos y revocar invitaciones de observación electoral.
Al cierre de enero, el TSJ validó la inhabilitación política de María Corina Machado. Como en efecto dominó, se registraron una serie de hechos que hoy comprometen la posibilidad de celebrar un proceso electoral justo y transparente.
La Sala Constitucional del máximo tribunal intervino Primero Justicia (PJ) y lo entregó sus símbolos al dirigente de Primero Venezuela, José Brito, uno de los candidatos presidenciales.
Paulatinamente, la Contraloría inhabilitó, en su mayoría por 15 años, a alcaldes en ejercicio que manifestaron apoyo a Machado en su gira nacional.
Hasta ahora, la cifra asciende a 12: Elías Sayegh (Baruta – Miranda), Josy Fernández López (Los Salias – Miranda), Heriberto Tapia (Motatán – Trujillo), José Leocadio Carrillo (Urdaneta – Trujillo), Dilcia de Oviedo (Campo Elías – Trujillo), Keiver Peña (Sucre – Trujillo), Servando Godoy (Márquez Cañizales – Trujillo), Wilmer Delgado (Monte Carmelo – Trujillo), Yohanthi Domínguez (Carache – Trujillo), Francisco Aguilar (Andrés Bello – Trujillo), Iraima Vásquez (Tubores – Nueva Esparta) y José María Fermín (Villalba – Nueva Esparta). La medida también se extendió a exfuncionarios como los exdiputados Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera, y al exalcalde Carlos Ocariz (Sucre – Miranda).
La Organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Venezuela ha destacado que las resoluciones emitidas por la Contraloría se contraponen a la Constitución de la República y a la Convención Americana de Derechos Humanos; además, denotan opacidad porque solo se da a conocer la sanción, pero no detalles del procedimiento ni los argumentos que soportan la decisión.
A la par, dos concejales municipales en Delta Amacuro fueron destituidos. Uno de ellos es Orelys Jaimez, quien alegó que el oficialismo reclamó el apoyo a Machado y exigió cumplir las órdenes de la gobernadora del Psuv.
Por otra parte, el CNE, además de adelantar las elecciones, impidió la inscripción de la candidatura de Corina Yoris, luego de la prohibición impuesta a Machado. Incluso, en general, se redujeron las horas para ingresar a la plataforma digital de postulación, debido a que, por primera vez, se aplicó un esquema de horarios por partido político.
También se registraron ciertos cambios en el cronograma, incluso con respecto a procesos anteriores. Para estos comicios se programaron 101 actividades, entre ellas la revisión del estatus de las organizaciones políticas validadas para postular. Este paso hizo que 15 tarjetas fueran invalidadas, entre ellas Convergencia, Movimiento Al Socialismo, Puente y Gente. En total, solo 37 partidos fueron autorizados por el órgano rector, la mayoría controlada por el oficialismo.
Acceso a la Justicia, una organización que defiende los derechos políticos y sociales, y hace seguimiento al sistema judicial venezolano, señala que esta actividad dispuesta por el CNE violó el principio de pluralismo político y la libertad de asociación, establecidos en los artículos 6 y 52 de la Constitución, respectivamente.
Haber revocado en mayo la invitación a la Unión Europea para que desplegara un grupo de observadores electorales sin duda es otra de las medidas que impactan en el proceso electoral. La decisión se sustentó a partir de la ratificación de las sanciones contra funcionarios venezolanos.
“Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siento grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia”, aseguró el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Otra jugada del Poder Electoral está relacionada con los testigos. Poco antes de que iniciara la acreditación de quienes velarán por el voto en las urnas electorales, se publicó una resolución en la que se establece que los testigos de mesa solo podrán cumplir su labor en el centro donde votan, modificando así el artículo 447 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Según la Constitución, la normativa electoral puede cambiarse hasta seis meses antes de la elección, con lo cual se incurrió en una violación.
Para votar el próximo 28-J están habilitadas 21 millones 323 mil 253 personas en el territorio nacional, 69.211 en el extranjero y 228.241 extranjeros que residen en Venezuela. Aunque estimaciones de la ONU ubican en 7,7 millones los migrantes venezolanos, solo podrá votar menos del 1%.
Datos de Mi Voto Cuenta destacan que solo 508 venezolanos pudieron registrarse como nuevos votantes y otros 6 mil 020 lograron actualizar su ubicación en el extranjero. Durante la jornada de Registro Electoral, la ciudadanía denunció que eran insuficientes los más de 300 puntos fijados en el ámbito nacional. Mientras que Mi Voto Cuenta registró 3 mil 200 irregularidades en 46 sedes consulares de 35 países.
A la medidas judiciales, policiales, electorales y sanciones que sólo en este apartado suman más de 80-, se añaden las actividades de desinformación y difusión en redes y medios de datos y/o imágenes falsas, lo cual ha sido una bandera del oficialismo en esta carrera electoral.
En este aspecto se han atacado varios frentes. No solo se han alterado imágenes de María Corina Machado para hacer creer que tenía la intención de eliminar a la Fuerza Armada Nacional (Fanb) e instituciones policiales -, igualmente se divulgó un supuesto contrato de compromiso de venta de Pdvsa. También se ha vertido información falsa sobre la relación del candidato Edmundo González con escuadrones de la muerte en El Salvador, se han creado más de 50 perfiles falsos en las redes sociales, se manipuló una fotografía para mostrar al candidato como un simpatizante de Adolf Hitler y fabricaron una credencial de la CIA que supuestamente le pertenecía.
Se ha promovido el envío de supuestos audios en los que la dirigencia opositora se ofende entre sí. Incluso, se publicó en mayo información falsa referente a un supuesto estudio realizado por la firma CID Gallup. La empresa posteriormente informó que se trataba de un contenido falso.
Restando 20 días para las presidenciales, los obstáculos y trabas aún están a la orden del día.
Caracas / Redacción
