Madres y familiares de personas detenidas en el contexto de la crisis política generada tras las elecciones del 28 de julio, continuaron este fin de semana sus acciones de reclamo bajo la consigna “Navidad sin presos políticos”.
Un grupo de mujeres se presentó en las puertas del Internado Judicial de Tocuyito en el estado Carabobo, solicitando la liberación de sus allegados, con pancartas y globos blancos en las manos.
La noche del viernes también realizaron una vigilia a las afueras del centro de reclusión, no obstante, policías de la región hicieron acto de presencia para pedir el desalojo.
Según denuncias recogidas por la Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), cientos de personas privadas de libertad tras las protestas postelectorales que se encuentran en Tocuyito permanecen “encerradas en sus celdas durante las 24 horas del día, sin acceso a actividades deportivas ni a la luz solar”.
“Tal situación ha generado en los detenidos ansiedad, ataques de pánico y otros problemas de salud mental. De acuerdo con los familiares, los detenidos sólo son sacados de sus celdas durante la visita semanal, que dura aproximadamente 35 minutos”, indicó la ONG.
Tras una denuncia pública realizada por el OVP, se permitió que los familiares pudieran despedirse con un abrazo, aunque “algunos no pueden asistir regularmente por las dificultades económicas que implica el traslado de un estado a otro”.
“En la última visita, madres, esposas y hermanas expresaron su preocupación tras conocer que algunos detenidos han sufrido episodios de ansiedad, estrés y desmayos. Según los testimonios de los reclusos y funcionarios del penal, a algunos de ellos presuntamente se les habría administrado el medicamento Diazepam para ‘calmarlos’, aunque los familiares indican que los observan sedados y no en condiciones óptimas”, agregó el OVP.
Según el más reciente reporte del Foro Penal, se han contabilizado 1 mil 828 arrestos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado desde el 29 de julio, de los cuales 69 adolescentes entre los 14 y 17 años permanecen en cautiverio.
Los familiares de los presos relataron a la OVP que, al llegar a la visita en Tocuyito, algunas madres fueron informadas de que no podrían ver a sus seres queridos “porque estaban en la enfermería”.
“La única explicación que recibieron fue que los detenidos habían sufrido ataques de pánico y estaban siendo atendidos. Sin embargo, no obtuvieron detalles sobre lo que realmente sucedía ni sobre el estado físico de los internos, dejando a las familias en la incertidumbre acerca de la veracidad de esta situación y la condición de sus familiares”, señaló la ONG.
El Observatorio de Prisiones hizo un llamado a los familiares a solicitar una evaluación médica forense para esclarecer si el suministro de medicamentos como el Diazepan -un ansiolítico y anticonvulsivo, que puede generar efectos contraproducentes-, cuenta con una prescripción adecuada.
Días atrás, un grupo de mujeres del estado Anzoátegui viajó a Caracas para relatar los casos de tratos crueles y privación de alimentos que se viven en distintos centros de reclusión.
Maite Landaeta, madre de Diego Macuare, detenido el 29 de julio, señaló las dificultades que ha tenido para poder ver a su hijo.
“Llevamos tres meses en esta lucha por nuestros hijos. Lo trasladaron al penal de Yare III en el estado Miranda, Venimos del estado Anzoátegui y muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos y para saber cómo están de salud”.
Landaeta señaló que había acudido al centro de reclusión. “Sólo me permitieron verlo 10 minutos. Mi hijo me dijo que necesitaba medicamentos porque tiene un absceso en el dedo del pie, y se lo fui a entregar, pero me negaron rotundamente el ingreso de la medicina. Le han violado todos sus derechos, no permiten entregar absolutamente nada, ni ropa ni comida. Pedimos justicia”.
Subrayó que al igual que los otros jóvenes de la entidad oriental, su hijo “no es terrorista”. “Mi hijo es un estudiante. Hablo en representación de todas estas mujeres del estado Anzoátegui. Queremos libertad para nuestros hijos”, agregó.
En las dos primeras semanas luego de los comicios presidenciales, Anzoátegui fue la tercera entidad con mayor número de detenciones. El estado oriental totalizó 114 personas privadas de libertad, por detrás del Distrito Capital (238 encarcelados) y Carabobo (194).
Liliana Serrano, tía de Juan Delgado (20) también capturado en la entidad anzoatiguense, condenó la violación de las garantías fundamentales de los jóvenes. “Juan es un deportista, no es un terrorista. En nombre de todas estas madres, venimos a exigir que ya basta de que a estos muchachos se le violen sus derechos humanos. Muchos están delgados, aparte de que también han sufrido daños psicológicos”, agregó.
Caracas / Rodolfo Baptista
