La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó este martes a la sede de la Fiscalía de la Nación, en el centro histórico de Lima, para responder a un interrogatorio sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
La jefa de Estado acude al despacho de la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, para responder en la investigación preliminar abierta en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales ocurrieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.
La Presidencia de la República confirmó, a través de su cuenta en Twitter, que “Boluarte llegó a la (sede de la) Fiscalía de Perú para brindar declaraciones con respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público”.
Boluarte aseguró la semana pasada que acudirá a la citación porque su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible” y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración se tome en el Palacio de Gobierno.
Remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general porque “es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley”.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas, antes de entrar a la diligencia, que la mandataria “no va a usar el silencio como un medio de defensa”, sino que va “a responder todas las preguntas a la Fiscalía”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró, en declaraciones a RPP, que Boluarte “no va a guardar silencio” en el interrogatorio con la fiscal de la Nación porque “su interés es que las cosas se esclarezcan”.
En una entrevista telefónica desde España, el primer ministro defendió la postura del Ejecutivo sobre las muertes y lesiones graves producidas durante el control de las movilizaciones antigubernamentales al afirmar que es importante investigar a los agentes de la Policía o de las Fuerzas Armadas que hicieron un “mal uso” de su armamento y que esa conducta no respondió a una orden institucional.
En la investigación también se ha incluido a Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes; y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.
Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, pero este pidió que se cambie la fecha de esa citación.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.
Perú / Con información Efe
