La Fiscalía colombiana pidió este martes a la jueza que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que condene al exmandatario por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
«Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno», expresó la fiscal Marlenne Orjuela durante una audiencia.
Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta desde febrero pasado un juicio por los supuestos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, caso que se remonta a 2012.
En ese sentido, la fiscal señaló que las pruebas demuestran que Uribe «ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave» y «construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales».
En este caso, Orjuela presentó ante la jueza 37 testigos, así como videos, audios, fotografías y documentos.
El juicio a Uribe comenzó el pasado 6 de febrero y todavía no hay fecha para el veredicto de la jueza.
Proceso largo
Esta querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.
Las víctimas del caso consideran que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.
