El presidente de la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, Aníbal Núñez Pérez, denunció el estado de indefensión social en el cual se encuentran los 252 afiliados a este gremio, ante el reiterado incumplimiento de sus beneficios laborales.
El más grave, llevan sin cobrar sus salarios ocho quincenas. No reciben sus asignaciones salariales desde la primera quincena de marzo.
Entre los beneficios que han dejado de percibir están los reembolsos médicos, medicinas, exámenes, la bolsa de comida (en lo que va de año solo la han recibido en una ocasión).
A esto se agregan deudas de prestaciones y otros pasivos, que agregan gravedad a la situación de indefensión que viven los 252 jubilados.
“Pedimos justicia social. Hemos trabajado toda una vida y ahora nos niegan nuestro salario y violan nuestros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida y a la alimentación”.
El dirigente precisó que a lo largo de estos años han muerto 30 jubilados y seis de ellos lo hicieron durante la operación de la actual operadora Dell Accua. “Se trataba de compañeros que tenían tratamientos permanentes y al dejar de percibir sus beneficios se deterioraron y murieron”.
Agregó que en una reunión con el defensor del pueblo de Sucre, Juan Carlos Ramos, instó a las autoridades de Corposucre y Dell Accua, reconocer los derechos de los trabajadores y pagar las deudas pendientes con los 455 trabajadores activos y jubilados. “Un compromiso que quedó establecido en las clausulas 14 y 15 del acuerdo de operación”.
Para este jueves estaba pautada una toma de la empresa por parte de los jubilados, acción que Núñez decidió no ejecutar, dijo, porque se presentaron funcionarios de la Policía estadal y la Guardia Nacional, para persuadirlo de la acción.
Sin embargo, cinco representantes del gremio se reunieron con voceros de Corposucre y del encuentro salió una nueva cita para el martes 26 en el hotel Venetur con el gobernador Gilberto Pinto.
“Si el gobernador dice que va a pagar no hay problema. Hay un reclamo formal. Que paguen los pasivos laborales está bien. Pero la verdad es que salen toneladas de sal y no hay beneficios para los trabajadores. Lo que reclamamos es justicia social”.
Núñez Pérez explicó que como trabajadores dependen de la Gobernación del estado Sucre y de la actual concesionaria de la empresa salinera Dell Accua, que inició operaciones durante la pasada gestión estadal.
Al hacer contexto en torno a la situación del grupo de jubilados, Núñez Pérez explicó que tras la liquidación de Ensal en 1994, la Gobernación de Sucre asumió el control de la explotación del recurso, al otorgar una concesión a Tecnosal que duró 25 años.
Seguidamente, en 2008 fueron jubilados por la gobernación, pero a pesar de haber pasado por manos de varias empresas concesionarias y alianzas empresariales, el dirigente reconoció que recibían todos sus beneficios contractuales.
De hecho, la penúltima operadora, Alimentos San Ignacio, que fue colocada por el Ministerio de Industrias Básicas, reconoció todos los beneficios de los trabajadores y del sector jubilado.
Explicó que en la gestión de Edwin Rojas, se hizo una alianza entre Corposucre y la empresa Dell Accua, que rompió el tradicional 60%-40%, que había predominado en los pasados años y se estableció un trato de 75% de participación para la empresa y 25% para el estado.
Durante la actual gestión del almirante Gilberto Pinto, la alianza solo se modificó en una proporción de 70%-30%.
Sin embargo, la denuncia del dirigente no se centra en los tratos entre las recientes gestiones de gobierno estadal, sino en que esta última empresa se niega diametralmente a cumplir con los compromisos laborales que debe asumir en el trato.
Sucre / Cecilia Lárez
