La Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui solicitó al Ministerio Público (MP) y a la Defensoría del Pueblo investigar cuatro casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias ocurridas en San Pablo, municipio Cajigal del estado.
Alcides Magallanes, director de la institución, se refirió a las muertes de César Rafael Vivas Matute, Javier Vivas Matute, Anni Domingo Paraqueimo y un adolescente de 15 años, acaecidas –según versión oficial- en presuntos tiroteos con detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación Píritu.
Magallanes señaló que la versión es rechazada por los familiares de las víctimas y testigos quienes dijeron que en ninguno de los casos hubo enfrentamiento con la comisiones policiales y que a algunos les dispararon cuando dormían en sus casas, en horas de la madrugada.
Destacó que en Anzoátegui, en el primer semestre del año 2018, se duplicó el número de presuntas ejecuciones sumarias, en las que estuvieron involucrados uniformados de la policía científica.
Petición
Magallanes hizo un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, encargados de garantizar el derecho a la vida.
Aclaró que la Fundación de los Derechos Humanos no defiende conductas. “si una persona está involucrada en hechos punibles, la obligación de las policías es detenerla y ponerla a la orden de la Fiscalía, sin excederse en sus actuaciones”.
Informó que en el municipio Cajigal fue creado un Comité de Derechos Humanos para evitar excesos policiales y ejercer control social en la seguridad ciudadana.
Barcelona / Eleida Briceño
