La Fiscalía de La Paz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, por cargos de sedición y terrorismo.
Con base en esa orden, la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la televisora Unitel el coronel mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la policía anticrimen de esta ciudad.
Al exmandatario también se le acusa de financiamiento del terrorismo, según la orden de captura que difundió la policía.
“La presente orden... podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, o en caso necesario, recúrrase a la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías”, agrega el requerimiento de la Fiscalía.
En Buenos Aires, Morales calificó la orden de detención como “injusta, ilegal e inconstitucional” y que tiene como propósito “amedrentar e intimidarnos”.
“No me asusta, desde 1989 todos los presidentes hasta 2005 me procesaron de terrorismo, sedición y hasta asesino”, expresó en declaraciones al canal local A24 en la puerta de su residencia en la capital argentina. “Mientras tenga la vida voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna y soberana”.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el mes pasado, ante la Fiscalía de La Paz, una demanda contra Morales por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia con base en un audio en el que supuestamente se escucha al exgobernante ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez.
En reiteradas ocasiones Morales ha negado los cargos y ha calificado el caso de un montaje de la derecha en su contra. El audio ha sido enviado a Colombia para un examen de peritaje. Por el mismo caso está procesado el exdirigente cocalero Faustino Yucra, actualmente prófugo, quien supuestamente recibe la orden de Morales.
“Si ingresa a Bolivia, un fiscal o cualquier policía puede detenerlo (a Morales) y llevarlo ante un juez que podría ordenar la detención preventiva en un penal ante un posible riesgo de fuga”, dijo el jurista y docente Williams Bascopé.
