Las recientes declaraciones del ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, desataron indignación entre familiares de presos políticos españoles detenidos en Venezuela, quienes denuncian años de silencio y falta de respaldo diplomático por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia surgió luego de que Albares afirmara que “no se toca a ningún ciudadano español” y que todos gozan de “protección diplomática y consular”, tras la convocatoria a la encargada de negocios de Israel. Sin embargo, familiares de detenidos hispanovenezolanos aseguraron que esa protección no ha existido para quienes permanecen encarcelados por razones políticas en Venezuela.
Verónica Noya, exiliada en Madrid, respondió públicamente al canciller español denunciando el caso de su hermano, Fernando Noya, quien lleva seis años detenido en Venezuela.
“Mi hermano Fernando Noya lleva seis años como preso político en Venezuela, mientras usted guarda silencio frente a su situación. ¡No hable de proteger españoles cuando ha abandonado a los cinco que sobreviven en las cárceles del régimen!”, expresó.
Otra de las voces que reclamó la actuación del Ejecutivo español fue Anabel Alayeto, hermana de Jorge Alayeto Bigott, ciudadano español encarcelado desde 2017 y vinculado al asalto al cuartel Paramacay.
Según denunció, Alayeto fue torturado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y condenado a 30 años de prisión “sin una sola prueba lícita”, basándose en confesiones obtenidas bajo tortura.
“España se movilizó en horas por sus ciudadanos detenidos en Israel. ¿Cuándo va a moverse España por Jorge y por los otros ciudadanos españoles que también están detenidos en Venezuela?”, cuestionó.
De acuerdo con los familiares, actualmente permanecen encarcelados al menos cinco presos políticos hispanovenezolanos: Jorge Alayeto, María Auxiliadora Delgado Taboky, Daniel Medina, Fernando Noya y Karen Hernández.
Todos esperan ser incluidos dentro de las excarcelaciones prometidas recientemente por Jorge Rodríguez, quien anunció la liberación de unos 300 detenidos políticos.
No obstante, organizaciones como Foro Penal han señalado que hasta ahora solo 38 presos políticos han sido excarcelados, mientras cientos continúan tras las rejas bajo medidas cautelares o procesos judiciales cuestionados.
La presión pública aumentó tras conocerse el caso de Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, quien pasó más de un año buscando a su hijo sin saber que había fallecido bajo custodia estatal y había sido enterrado clandestinamente. La mujer murió diez días después de conocer la noticia.
Los familiares también cuestionaron el acercamiento del Gobierno español con Caracas, señalando especialmente la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la relación bilateral.
Verónica Noya aseguró haber solicitado una reunión con Zapatero sin obtener respuesta y criticó la cercanía política con el chavismo.
Los allegados de los detenidos insisten en que España no ha realizado gestiones diplomáticas contundentes para exigir la liberación de los ciudadanos españoles presos en Venezuela.
“Somos ciudadanos españoles, toda mi familia tiene doble nacionalidad. Llevamos nueve años sin recibir ningún apoyo del gobierno español, ninguna nota verbal, gestión diplomática ni llamada”, afirmó Anabel Alayeto.
Mientras continúan las denuncias de violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias, las familias esperan que el Ejecutivo español adopte una postura más firme y visible frente a la situación de los presos políticos hispanovenezolanos.
Lara / El Impulso
