Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que Venezuela enfrenta una situación de emergencia que incrementa las vulnerabilidades de la población y complejiza la crisis humanitaria y de derechos humanos preexistente, luego del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
A través de un comunicado, los especialistas indicaron que las organizaciones de la sociedad civil, las redes vecinales y los organismos internacionales desempeñan un papel en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención a las víctimas y el suministro de servicios esenciales en las comunidades afectadas. Ante este escenario, los expertos exhortaron a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a reconocer dicha labor en las fases de respuesta y reconstrucción.
No obstante, el pronunciamiento advierte que el trabajo de estas organizaciones se encuentra limitado por el marco normativo vigente en el país. El texto menciona de forma específica la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, cuyos trámites de registro ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) presentan dificultades operativas debido al silencio administrativo, lo que compromete la personalidad jurídica de las asociaciones. Asimismo, se señala que las regulaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) imponen controles que dificultan la administración y recepción de recursos financieros, afectando también a las agencias internacionales.
Los expertos de la ONU solicitaron el levantamiento de estas restricciones normativas y propusieron la implementación de mecanismos de asistencia directa, como las transferencias de efectivo a la población damnificada. Adicionalmente, instaron a las autoridades a instruir a los cuerpos de seguridad del Estado para que garanticen la protección de los centros de acopio y de las iniciativas ciudadanas de ayuda.
Finalmente, el documento hace un llamado a los actores internacionales y al sistema de Naciones Unidas para que aseguren que la sociedad civil local pueda ejercer sus funciones sin impedimentos, con el objetivo de establecer una respuesta coordinada y con un enfoque de derechos humanos orientado a las víctimas.
Ginebra / Redacción web
