“Soy yo, tu hija, papá. Mírame. Camina, que no te va a pasar nada”, decía entre sollozos la hija y otros familiares de Óscar Castañeda, un expreso político que fue recibido en su hogar la noche del 1 de febrero, cuando las expectativas sobre la liberación de los llamados detenidos de conciencia cobraba auge en el país.
Castañeda entraba a su casa en el estado Portuguesa, luego de permanecer detenido un año y nueve meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas, acusado por haber hablado públicamente a favor de la líder opositora de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, durante un acto proselitista el 27 de abril de 2024.
Castañeda caminaba con dificultad y apenas reconocía a su familia después de ser excarcelado, según dejaron constancia videos difundidos a través de distintas redes sociales. Este era uno de los decenas de testimonios de personas que fueron beneficiadas en un primer momento tras el anuncio de amnistía hecho por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el 8 de enero, luego de que el 3 de enero de 2026 fueran extraídos del país por fuerzas de EE. UU. el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa.
Josnars Baduel es hijo de Raúl Baduel, exministro de la Defensa durante la presidencia de Hugo Chávez. Su hermana, Andreína, cuenta que Josnars, preso desde 2020, padece graves problemas de salud, entre ellos múltiples hernias por golpizas, ligamentos de las rodillas rotos, lesión en un hombro por colgamiento, daño en un testículo por descargas eléctricas, afección pulmonar por asfixia, y que necesita someterse a cuatro operaciones.
Luego del 3 de enero, comenzaron a hacerse más frecuentes ante la opinión pública numerosos relatos detallados de personas aprehendidas por ser militantes o sospechosas de actuar a favor de la oposición en el país, antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Son relatos de torturas y tratos crueles que ganaron mayor visibilidad en el ámbito nacional, pero que desde hacía años habían comenzado a ser documentados detalladamente por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecida el 27 de septiembre de 2019 y cuya investigación se ha extendido, hasta el momento, hasta octubre de 2026.
La instancia advirtió que los organismos de seguridad del Estado habrían sometido a los presos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo el uso de bolsas plásticas para asfixiar, palizas, patadas, golpes de puño o con bates, y el uso de electricidad contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género.
También se habrían perpetrado actos de tortura o violencia sexual, desnudez forzada como amenaza de violación y aplicación de electricidad en los genitales. En varios informes, el organismo apuntó que “los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos”, al igual que el Poder Ciudadano.
Lexys Rendón, codirectora de la ONG Laboratorio de Paz, advierte a El Tiempo que lamentablemente esta instancia conoce casos de personas presas políticas (algunas en condición de desaparición), así como de familiares o terceros vinculados a perseguidos que han sido víctimas de torturas o tratos crueles e inhumanos.
“Las personas liberadas que se atreven a contar sus historias tienen un nivel de valentía inimaginable, porque los culpables siguen en el poder”.
Señala que no todas las víctimas de tortura presentan las mismas secuelas. “En este sentido, lo más importante es que sirva para alertar a la persona víctima, a sus familiares o seres queridos de que se está atravesando una situación postraumática y/o física que siempre requiere comprensión, afecto, paciencia, respeto y acompañamiento experto”.
“Cuando una sociedad es víctima de crímenes de lesa humanidad, el daño es colectivo. No solo afecta a la víctima principal y su círculo; es un daño a la conciencia y la memoria colectiva de un país. La verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, la no repetición dependen de que asumamos esa huella dolorosa y la sanemos”.
Andreína Baduel indica que muchos de los excarcelados sufren secuelas físicas y psicológicas.“Muchos no se atreven a denunciar porque todavía tienen medidas restrictivas de libertad. Hay presos políticos que requieren atención médica inmediata porque eran colgados, asfixiados o golpeados para inducirlos a asumir culpabilidades que no tenían. La mayoría sale con un cuadro de tortura psicológica muy marcado, sin contar quienes padecen tortura física. Eso es un patrón. No hay ni un solo preso político que no haya sido víctima de estos tratos crueles e inhumanos. Todos, en mayor o menor proporción, han sido torturados”, señaló Baduel a El Tiempo.
“A pesar de que en el Gobierno ahora manejan un discurso de reconciliación y paz, las torturas persisten. Las condiciones persisten. En El Rodeo I, donde está mi hermano, siguen en una celda de 2 metros por 2 metros, con una cama de cemento y una letrina. No tienen noción del tiempo. Tienen restricción de alimentación, medicación e hidratación. Incluso dependen de cuándo y cómo les suministran el agua. Persiste el silencio y la opacidad de las instituciones del Estado, que están plenamente al tanto de la situación”.
“Esto no ha terminado. Somos miles de familias que seguimos viviendo este horror. Cada venezolano en el mundo puede llevar este mensaje, y cada organización debe saber que aún somos cientos de víctimas que enfrentamos el terrorismo de Estado en Venezuela”.
La lucha de Baduel ha estado dirigida a lograr la excarcelación de todos los presos, incluido su hermano, recluido en El Rodeo I, detenido el 4 de mayo de 2020 por su presunta participación en la llamada Operación Gedeón, un supuesto intento de asesinato contra el entonces mandatario Nicolás Maduro.
Poco más de dos meses duró la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional (AN).
El proceso de liberación de presos políticos por esta vía llegó a su fin el jueves 23 de abril del mismo año. El anuncio lo hizo la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez:“Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados o estaban excluidos expresamente, existen otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el programa de convivencia democrática y paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia”.
La iniciativa no cumplió las expectativas de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de derechos humanos, ni de los familiares de los detenidos, ni de los propios encarcelados.
El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que de las 760 personas excarceladas luego del 8 de enero, solo 186 habían recibido una amnistía real. Hasta el 20 de abril, de acuerdo con el Foro, aún se encontraban detenidas 473 personas en distintas cárceles del país.
Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), periodista y activista de derechos humanos, asegura —al igual que otras ONG— que en el país siguen encarceladas más de 600 personas. Pide que sean escuchadas las víctimas venezolanas y que las libertades plenas e inmediatas no se limiten a la Ley de Amnistía.
Caracas / Rodolfo Baptista
