El Monitoreo de Servicios del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, arrojó que una gran cantidad de venezolanos considera que el plan “Borrón y cuenta nueva” impulsado por el Gobierno Nacional, genera incertidumbre y tensión innecesaria.
A través de una encuesta realizada a 2.300 ciudadanos, así como la revisión de información en 25 medios de comunicación digitales y tres redes sociales en simultáneo, determinaron que 86% de la entrevistados expresaron su inconformidad con el plan Borrón y Cuenta Nueva y el 62% destacó que que la insinuación de aplicación de multas durante la ejecución del mismo requeriría “la definición de programas de compensación a los miles de venezolanos que han perdido sus electrodomésticos u otros equipos como consecuencia de los apagones”.
El estudio, coordinado por el economista Raúl Córdoba, refiere que el 35 % de los venezolanos considera que durante octubre se incrementaron las fallas de alta densidad (apagones de más de cuatro horas), incluyendo zonas del área metropolitana de Caracas.
Otros hallazgos importantes del estudio del Observatorio de Gasto Público sobre el servicio eléctrico en el país son:
El Plan «Borrón y Cuenta Nueva» de Corpoelec inició en noviembre de 2022, en el estado Zulia. De acuerdo con el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, forma parte de una estrategia para regularizar las deudas del servicio eléctrico de los usuarios residenciales.
Para comienzos de octubre del presente año, el plan de registro llegó a su última etapa, que cubre a la región capital (Caracas, Miranda y Vargas), la cual estaría vigente hasta el 31 de octubre. La empresa instó a que la atención presencial fuese para las personas de la tercera edad.
La amplia presencia de adultos mayores que han tenido que esperar bajo la lluvia o el sol impredecible de Caracas en las distintas sedes de Corpoelec ha levantado reclamos de distintas personas a través de redes sociales como X (antes conocida como Twitter).
Para Luis Francisco Cabezas, director general de la ONG Convite, la población de la tercera edad queda vulnerable ante estos planes del Estado que implican el manejo y conocimiento de las tecnologías.
Expertos en derechos humanos afirman que los procesos administrativos del Estado vulneran a las personas jubiladas y a los adultos mayores debido a la brecha tecnológica, las constantes fallas del servicio eléctrico e internet y las prestaciones sociales, que valen menos de cinco dólares mensuales.
Caracas / Runrunes
