El derecho a la defensa privada de los detenidos es vulnerado en Nueva Esparta, según informó el director de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, Sucre y de esa región insular (Fddhhanz), Alceides Magallanes.
El activista alertó que estas acciones son una táctica para descongestionar los centros de detención, pero que atenta contra la labor de los abogados de prestar asistencia jurídica a sus clientes.
Magallanes indicó que la defensa privada en la isla de Margarita está siendo excluida, aun cuando se encuentre en el sitio.
“Los operadores de justicia informan que no se realizará la audiencia y que la semana siguiente harán las notificaciones para el acto, pero cuando el abogado se retira del tribunal, media hora más tarde el juez otorga de oficio las medidas cautelares a los detenidos”.
Según las declaraciones de Magallanes, después le comunican al acusado que su abogado no quiso asistirlos y que por lo tanto le fue asignado un defensor público, quien le recomienda admitir los hechos a cambio de una medida cautelar.
Con esta acción, dijo Magallanes se está violando el artículo 49 numeral 5 de la Carta Magna que reza que “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad".
Barcelona / Eleida Briceño
