Al menos 518 presos políticos siguen en los centros de detención en Venezuela a pesar de la situación provocada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, el cual afectó también la infraestructura carcelaria así como las redes de apoyo con las que los familiares suministran los principales insumos (desde alimentos hasta medicinas) a los privados de libertad.
Reportes recibidos por la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), dirigida por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo, señalan que hasta el momento el Estado no ha proporcionado un balance oficial sobre el estado actual de las estructuras de reclusión y que los internos por motivos políticos realizaron acciones de protesta tras la situación.
“Aparentemente, hubo algunos daños en las estructuras. No puedo decir que sean daños importantes, ni mucho menos, y en ese sentido nosotros hemos sido reiterativos. No sabemos si el Ministerio de Servicios Penitenciarios hizo las inspecciones correspondientes. Quisiéramos pensar que sí, pero en todo caso lo lamentable es que no ha habido un reporte oficial que dé cuenta de que se hicieron tales inspecciones”, dijo Tineo en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
La defensora de derechos humanos explicó que, tras el doble terremoto, los reclusos fueron desalojados temporalmente a áreas abiertas y posteriormente devueltos a sus celdas. Esto motivó una manifestación pacífica interna ante el temor de que los daños estructurales comprometieran la integridad de los edificios y sus vidas, protesta que fue disuelta por las autoridades carcelarias.
“Iniciaron una manifestación pacífica que lamentablemente fue sofocada, aparentemente, según nos dicen, con gases lacrimógenos incluso en espacios cerrados. Incluso parece que hubo disparos de perdigones. En fin, esto es lo que plantean los familiares. Ante toda esa situación, hubo gente herida, maltratada y sofocada”, indica Tineo.
Tineo explicó que, tras el impacto de los terremotos, las redes de apoyo sufrieron afectaciones que limitan la asistencia en las cárceles, puesto que, como señala un reporte publicado por JEP, la responsabilidad operativa de proveer alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad a los centros de reclusión recae de manera directa en los familiares de los detenidos.
“Los dejan en una situación de mayor precariedad, porque son los familiares quienes tienen la responsabilidad de surtirlos de absolutamente todo. Si ellos se encuentran limitados en cuanto a su movilidad y recursos económicos para seguir ayudándolos, la situación de los privados de libertad se vuelve todavía más compleja”.
Asimismo, el reporte publicado por la organización expone que las personas excarceladas bajo medidas cautelares, regímenes de presentación obligatoria y prohibición de salida del país, experimentan severas limitaciones civiles que les impiden reubicarse temporalmente en estados menos afectados por las réplicas sísmicas o movilizarse fuera de sus jurisdicciones para buscar empleos de emergencia de cara a la reconstrucción de sus hogares.
Dentro del total de ciudadanos privados de libertad por motivos políticos, la ONG mantiene la documentación de 36 personas que padecen enfermedades graves y crónicas.
Tineo recuerda que el Código Orgánico Procesal Penal prevé la aplicación de medidas humanitarias o sustitutivas a la privación de libertad para internos en condiciones de salud críticas o mayores de 70 años, disposiciones que continúan sin ser ejecutadas por los tribunales.
“Tenemos documentados alrededor de 36 presos políticos que padecen enfermedades graves y crónicas. Por ellos seguimos alzando la voz, al igual que por los privados de libertad mayores de 70 años y las mujeres. Recordemos que, a tenor del Código Orgánico Procesal Penal, existe la figura de las medidas humanitarias”, reitera.
La defensora de derechos humanos indicó que las fallas previas en servicios básicos como agua, ventilación y asistencia médica dentro de los internados judiciales se agudizaron a raíz del desastre natural.
Caracas / Efecto Cocuyo
