El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, solicitó este martes 30 de agosto al fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, que empiece a tramitar de una orden de caputra internacional contra el exministro y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez por casos de corrupción, así como una investigación exhaustiva contra él y quienes presuntamente están implicados.
Desde la sede del Ministerio Público, El Aissami llevó evidencias que vinculan a Ramírez en el presunto expolio de 4.850 millones de dólares a través de un entramado que permitió desviar recursos de Pdvsa a fondos en el extranjero durante el periodo 2012-2013.
Aprovechó de calificar a Ramírez como «traidor», «cobarde», «ladrón», «miserable» y «ganster» porque no solo robó a Pdvsa, sino que presuntamente consolidó el robo del dinero durante el último año de vida de Hugo Chávez, lo que a su juicio representa una «puñalada» a la revolución.
Hay que recordar que a finales de enero de 2022 el Tribunal Supremo de Italia rechazó extraditarlo a Venezuela al considerarlo «totalmente inadmisible» y confirmando la decisión de septiembre de 2021 del Tribunal de Apelaciones de Roma que reconoció la necesidad de protección internacional de Ramírez por la violación de los derechos humanos en Venezuela, según dijo entonces su abogado Roberto De Vita.
La Fiscalía italiana emitió en julio del 2021 un dictamen favorable a la extradición, pero en septiembre cambió de opinión y pidió una sentencia contraria tras escuchar a la defensa del exministro, que justificó entre otras cosas que “en Venezuela no se respeta el Estado de derecho”.
Como «mega robo» calificó El Aissami lo hecho por Ramírez a través de 28 pagos hechos desde Pdvsa a dos fondos en el exterior llamados «Violet» y «Huelca», manejados por los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Oberto Anselmi, luego de que el 29 de febrero de 2012 la Administradora Atlantic 17107, propiedad del ciudadano Juan Andrés Wallis Brandt, presentara una propuesta de financiamiento a la estatal petrolera por 17.490 millones de bolívares fuertes por un plazo de 24 meses y que el 6 de marzo del citado año Ramírez, en una asamblea de accionistas, aprobara el dinero y comenzara a pagar grandes sumas de dinero en dólares.
Allí estaban presentes los funcionarios Abraham Ortega y Víctor Aular.
En su ponencia, El Aissami resaltó que no existen registros de que ese dinero haya sido registrado en las cuentas de Pdvsa, sino que la Administradora Atlantic 17107 reorientó a los fondos mencionados anteriormente, ubicados en Panamá y San Vicente y las Granadinas, ese dinero que se cancelaba mensualmente por Pdvsa a los hermanos Oberto Anselmi, apoderados de ese financiamiento.
El primer pago se registró 14 días después del 6 de marzo de 2012, día que se aprobó girar los recursos, por el orden de los 230 millones de dólares. En ese sentido, destacó que otra de las pruebas presentadas son los 28 recibos de transferencias hechas a los mencionados fondos.
A 90 días de ese trato, dijo El Aissami, ya habían pagado 2.500 millones de dólares. El último giro registrado fue en marzo de 2013 por el orden de los 100 millones.
Destacó el actual ministro de Petróleo que desde los fondos «Violet» y «Huelca», el ciudadano Leopoldo Betancourt López, a quien tildó de «ladrón», «bandido» y «corrupto», tomó parte de ese dinero y lo repartió por fuera. Agregó que esa persona es presunto familiar del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien actualmente está exiliado en España.
En ese sentido, Tareck El Aissami solcitó a la Fiscalía que se tomen medidas contra Juan Andrés Wallis Brandt, Victor Aular; Luis Alfonso e Ignacio Oberto Anselmi; el exviceministro Nervis Villalobos, de quien dijo que era asesor de Wallis Brandt en Atlantic 17107, y Abraham Edgardo Ortega, actualmente condenado por corrupción en EEUU.
Para finalizar, felicitó a la Fiscalía debido a las 25 investigaciones que se han hecho en materia anticorrupción dentro del seno de Pdvsa, al tiempo que permitió que no descansarán hasta que se haga justicia y que esos «delincuentes paguen por el daño que han hecho al país».
Caracas / Tal Cual
