La policía española detuvo a un hombre en Albacete (sureste de España) como presunto cabecilla de una trama que utilizaba una asociación para captar inmigrantes en situación irregular a los que cobraba elevadas cantidades de dinero por facilitarles documentación falsificada.
Además, hay otras dos personas imputadas y se detectaron ocho víctimas que fueron engañadas mediante este método, si bien la investigación continúa abierta, informó este sábado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó cuando la Oficina de Extranjeros de Albacete comunicó a la Policía que habían detectado varios expedientes en los que podría haber documentación fraudulenta, todos ellos destinados a la obtención de la tarjeta de residencia por arraigo.
Tras examinar los documentos, los investigadores comprobaron que los ciudadanos extranjeros en situación irregular eran empadronados por el grupo organizado en domicilios de la ciudad de Albacete, pese a que en ningún momento habían residido en la ciudad.
Previa entrega de grandes cantidades de dinero, a estos inmigrantes les facilitaban precontratos de empresas ficticias con los que podían iniciar su proceso de regularización.
Gracias a la colaboración del Servicio de Ayuda al Ciudadano Extranjero del sindicato Comisiones Obreras de Albacete, también se pudo localizar a cuatro víctimas de este grupo organizado.
Estas víctimas pagaban aproximadamente 2.000 euros por la tramitación de la documentación que esta trama les facilitaba, incluyendo el empadronamiento fraudulento y la inscripción a cursos de formación.
El presunto cabecilla de la trama y los dos imputados utilizaban como sede de sus operaciones una asociación ubicada en el Barrio del Ensanche de Albacete, donde ofrecían empadronamientos falsos y cursos de formación por los que pagaban grandes cantidades de dinero, pese a que dichos trámites no suponen gasto alguno para las personas extranjeras.
De este modo, según la Policía, la trama engañaba a las víctimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, así como de su desconocimiento del idioma y de la normativa vigente.
Madrid / EFE
