La impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en Venezuela. Así lo advirtió Oscar Murillo, coordinador general de Provea, quien aseguró que entre 90% y 96% de las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país permanecen sin sanción, una realidad que, a su juicio, compromete cualquier intento de reforma institucional.
Durante una entrevista para El Impulso, el activista sostuvo que el problema de fondo no radica únicamente en la necesidad de modificar leyes o impulsar cambios administrativos dentro del sistema judicial, sino en la ausencia de voluntad política para garantizar que esas transformaciones se traduzcan en justicia efectiva para los ciudadanos.
“Hace falta voluntad política para avanzar y dejar atrás un modelo autoritario que generó mucho sufrimiento y mucho dolor en distintas dimensiones de la vida nacional”, afirmó.
Murillo señaló que la impunidad ha permitido durante años la utilización discrecional de los órganos de justicia y seguridad del Estado. A su juicio, fiscales, jueces y cuerpos policiales actuaron en numerosos casos sin los controles institucionales necesarios para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
Según explicó, la aplicación de delitos como terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio facilitó la criminalización de ciudadanos, dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
“Prácticamente cualquier funcionario público podía impulsar la detención de una persona. Eso remite a la liquidación del Estado de derecho”, sostuvo.
Para Provea, estas prácticas contribuyeron al aumento de las detenciones arbitrarias y consolidaron mecanismos de persecución incompatibles con los estándares democráticos y constitucionales.
Aunque reconoció que existen iniciativas orientadas a reformar el sistema de justicia, Murillo advirtió que cualquier transformación será insuficiente si no viene acompañada de decisiones políticas que garanticen independencia institucional, transparencia y respeto al debido proceso.
El representante de Provea recordó que la organización participó anteriormente en procesos de discusión sobre reformas policiales y otras iniciativas institucionales que terminaron sin producir cambios efectivos en la actuación de los organismos del Estado.
En ese sentido, consideró que la actual discusión sobre la reforma del sistema judicial representa una oportunidad para corregir deficiencias históricas, siempre que se escuchen las propuestas de la sociedad civil y se avance hacia una verdadera rendición de cuentas.
Murillo también se refirió a la reunión sostenida recientemente entre organizaciones de derechos humanos y el nuevo fiscal general de la República, encuentro en el que Provea presentó un dossier con planteamientos orientados a reducir la impunidad y fortalecer las garantías judiciales.
Entre las solicitudes entregadas figuran medidas para garantizar el debido proceso, revisar casos de detenciones arbitrarias y recuperar el papel del Ministerio Público como garante de la legalidad.
La organización anunció que solicitará una nueva reunión para evaluar el cumplimiento de las propuestas presentadas y conocer los avances que puedan producirse en materia institucional.
Críticas a las medidas parciales
El coordinador de Provea también cuestionó el anuncio de mecanismos como la línea telefónica 0800-Extorsión para denunciar casos de extorsión policial, al considerar que este tipo de iniciativas no atacan las causas estructurales de la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.
Atribuyó el problema a años de deterioro institucional, bajos salarios, falta de formación profesional y ausencia de mecanismos efectivos de supervisión. Asimismo, sostuvo que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones limita el alcance de medidas impulsadas por el propio Estado.
“Venezuela necesita recuperar el sentido de la Constitución y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos”, concluyó.
Para Murillo, la solución pasa por reformas profundas que permitan reconstruir la institucionalidad democrática, garantizar la independencia de los poderes públicos y reducir los elevados niveles de impunidad que persisten en el país.
