La migración masiva por parte de los venezolanos hacia el país en los últimos diez años ha sido uno de los principales temas en la agenda del gobierno nacional. Se estima que más de 1,5 millones de ciudadanos del país vecino se instalaron en Colombia y, en su mayoría, no han legalizado sus papeles, los cuales les darían acceso a un trabajo y beneficios en programas sociales.
Frente a este nuevo problema que se encontraba enfrentando el país, en 2017 la Registraduría de Colombia facilitó a los migrantes el proceso de nacionalización, pero este nuevo proyecto causo que una red de corrupción ha puesto en entredicho más de medio millón de casos de nacionalización.
Los venezolanos tomaron como excusa y también como prueba que luego de la migración colombiana a su país por la violencia que atravesaba el país en la década de los noventa, tenían familiares colombianos, ya que la Registraduría permitió que los venezolanos con padres colombianos podrían obtener la residencia siempre y cuando se demostrara.
Luego de un tiempo las autoridades al pedirle papeles a los venezolanos comenzaron a darse cuenta que estos tenían irregularidades y “actos de corrupción” en los que estarían implicados funcionarios de registradurías municipales y notarías de todo el país.
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San Cristóbal / LN
