Ante la proximidad del 1 de Mayo reina la incertidumbre y crecen las expectativas de si el anuncio “responsable” del gobierno encargado se hará mediante la estructura real del salario mínimo pírrico o se mantendrá, con mayor relevancia, la bonificación como herramienta para mejorar el ingreso de los trabajadores. Un tercer escenario es si se utiliza una fórmula “híbrida” para ajustar las remuneraciones, según expertos consultados.
Es imperativo un aumento del salario mínimo, el cual está “congelado” desde marzo de 2022 en Bs. 130, una exigencia que hacen los sectores laborales del país como un paso importante para avanzar en una dirección clara de estabilidad política y social.
El abogado León Arismendi, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica que el único bono que tiene sustento legal y se aplica tanto a los trabajadores del sector público y del privado es el denominado Cesta Ticket Socialista.
“Mientras que el “bono de Guerra Económica” es un invento para evadir la incidencia en los beneficios legales y convencionales”, en la administración pública. Considera que ahora, suprimidas parte de las sanciones, lo correcto es que el mismo se incorpore al salario, acotó
Por su parte, el economista Adán D’ Lima, académico de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez ), cree que “el gobierno no ha sopesado, y debe hacerlo, el impacto social histórico actual del anuncio de un salario pírrico sin incidencia en el costo de la canasta básica de alimentos, alejándose cada vez más de los preceptos constitucionales, referidos a un salario digno y suficiente”.
D’ Lima sostiene que “el tema financiero limitado en una economía real destruida o devastada por la deliberada inducción de las políticas económicas mal aplicadas en el país, sustenta moralmente el ajuste salarial. “No obstante, la situación del tejido económico real requiere de una transformación profunda para reactivar el aparato productivo que coadyuve a impulsar el crecimiento y, por consiguiente, la productividad general que tanto se necesita para generar los recursos fiscales que auspicien el apalancamiento de la inversión social sin necesidad de recurrir a los organismos multilaterales”, aunque en estos momentos este acompañamiento es necesario para lograr la estabilización macroeconómica, dijo.
En opinión de Arismendi, el financiamiento del salario debe hacerse con ingresos recurrentes (los provenientes del petróleo, por ejemplo) y no con la emisión de “dinero inorgánico” por parte del Banco Central.
Insistió en que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por regla general, no incluyen el pago de sueldos y salarios.
D’ Lima coincide en que se debe “lograr un salario acorde y justo que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, y sea financiado por la actividad económica nacional.
“Eso parte por darle señales de confianza al sector privado nacional e internacional, lo que demanda un marco legal que resguarde el capital en aras de otorgar garantías de protección a ese flujo de recursos en divisas que ayudarán a estabilizar el mercado cambiario, la inflación y un salario real en ascenso”, acotó el economista.
Arismendi recordó que en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997 se instituyó una Comisión Tripartita, integrada por las organizaciones representativas de los trabajadores, de los empleadores y el Ejecutivo Nacional, que tenía como tarea específica revisar el salario mínimo, “por lo menos una vez al año” y tomando como referencia, entre otras variables, el costo de la canasta alimentaria”.
A dicha Comisión, puntualizó, se le otorgaba un plazo de 30 días, contados desde la fecha de su instalación en el mes de enero para aprobar una recomendación a partir de la cual, el Ejecutivo Nacional fijaba el salario mínimo. Así se hizo en los años 1997, 1998 y 1999.
Las variables que se utilizaron en esos períodos además de la canasta alimentaria estaba la inflación estimada para el año correspondiente, el gasto fiscal, la paridad cambiaria, las necesidades de los trabajadores, la productividad de las empresas y la competitividad del país frente a sus vecinos de la comunidad andina, puntualizó el director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin)
En diciembre de 1999 se aprobó la Constitución vigente, en cuyo artículo 91 se dispuso que el Estado debe garantizar un “salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una referencia el costo de la canasta básica”. Salvo el cambio de la canasta alimentaria por la básica, el Ejecutivo Nacional tenía la obligación de aplicar las disposiciones de la LOT antes mencionadas.
No obstante, agregó Arismendi, a partir del año 2000, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez dejó de convocar a la Comisión Tripartita y se dedicó a fijar el salario mínimo de manera unilateral.
Luego, en 2012 se aprobó el Decreto Ley vigente, Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) que suprimió el dialogo tripartito para la fijación del salario mínimo y en su lugar dispuso que el Ejecutivo Nacional realizara una amplia consulta para conocer “las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica”.
Con base en dicha norma, Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en infinidad de ocasiones sin ninguna consulta efectiva con organizaciones distintas a la Central Bolivariana.
En el año 2022, en atención al Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se instaló un Foro de Dialogo Nacional, con apoyo de personal técnico de dicha organización, integrado por representantes del Ejecutivo Nacional, de las organizaciones de empleadores y varias centrales de trabajadores.
El objeto de dicho foro, entre otros, es definir el método para la fijación del salario mínimo, pero con esto no se logró avanzar porque “los insumos que debe proporcionar el Gobierno (costo de la canasta alimentaria, estimación de inflación, política cambiaría, gasto fiscal, costo de la nómina pública) o no se presentan o la información es opaca”, puntualizó Arismendi, consultor jurídico de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV),
En 2024, las organizaciones sindicales (Confederación de Trabajadores de Venezuel-CTV, Confederación General del Trabajo -CGT, Alianza Sindical -ASI) con el respaldo de la APUCV, propusieron que se fijara el salario mínimo en el equivalente en bolívares de $200, como punto de arranque de una política salarial que incluya ajustes periódicos, refirió.
Para el experto laboral, en la actualidad el salario mínimo debería fijarse en ese equivalente en bolívares ($ 200) “como punto de inicio de una política salarial que prevea ajustes periódicos acordes con el precio del dólar fijado por el BCV, a la par de la implementación de un programa anti-inflacionario”.
Recordó que ese era el monto aproximado del salario mínimo en 1999, cuando el barril de petróleo era un poco más de 10 dólares.
Algunos voceros del sector empresarial han retomado el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales, como un obstáculo para acometer este cambio a lo que León responde que “de acuerdo con la ley vigente , cada trimestre los patronos deben abonar en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso 15 días de salario por concepto de “garantía de prestaciones sociales”.
“A esto se suman 2 días de salario, por cada año, acumulativos hasta 30. El pago de las prestaciones debe hacerse al término de la relación de trabajo, oportunidad en la cual el patrono debe comparar la suma acumulada, con el monto que resulte de multiplicar el último salario mensual del trabajador por su antigüedad. Esto es la denominada retroactividad o recalculo que sólo se aplica cuando la relación de trabajo finaliza”, añadió Arismendi.
Ahora bien, argumenta que la inflación, la devaluación de la moneda y la bonificación de los salarios convirtieron las prestaciones sociales en nada. Los empleadores, después que la inflación se desató, han estado pagando prestaciones por montos insignificantes.
Con el actual salario mínimo (0,26 céntimos de dólar) “la retroactividad es un espejismo. Son los trabajadores quienes han cargado sobre sus hombros el peso de la crisis. Es insólito que se pretenda condicionar el ajuste de salario a un desconocido cambio de legislación”, sentenció Arismendi.
Para el profesor D’ Lima, el tema del anuncio del 1 de Mayo es de credibilidad. “Decir que no hay posibilidad de aumentar los salarios al nivel que todos esperamos y merecemos no encaja en los momentos históricos actuales. La dilapidación de los fondos públicos de forma grotesca y obscena no son argumentos viables y objetivos, que permitan sustentar el anuncio de un pírrico salario por falta de recursos, dada la falta de credibilidad en la gerencia pública aplicada por muchos años”.
En este sentido, no la tiene fácil el gobierno el 1 de Mayo, con una población en situación de pobreza extrema por muchos años, sin ajuste salarial desde marzo 2022, con una inflación acumulada que cerró 2025 en 475,28% y una inflación acumulada en 2026 de 71,8% y una inflación anualizada al cierre de marzo 2026 649,5%, apuntó el economista.
Ante este panorama considera que no existe argumento para no aumentar el salario, lo cual en su opinión es crucial que así ocurra para evitar que se siga elevando el costo social, “no sólo debido a un pueblo que lleva años sin ajuste, sino por la debacle que hay en áreas como educación y salud que ponen en juego el futuro del país”, dijo.
Aunque se desconoce el alcance del anuncio gubernamental del 1 de Mayo, en algunos entes públicos y privados se ha venido insistiendo que el aumento será un esquema combinado: un avance del salario mínimo y de la bonificación.
Adán D’ Lima, magister en economía y gremialista, dijo que aunque no hay nada oficial se viene manejando la tesis de un aumento con un rango que puede estar entre 50$ o $150 de salario mínimo y el resto en bono, es decir, «un híbrido».”
No obstante, dijo que se están haciendo los cálculos ante un posible sacrificio de la nómina pública, lo cual representa un costo político alto para el gobierno interino
La idea es que “no se afecte el grado de inflación y se vayan haciendo aumentos progresivos del salario mínimo durante el año, en función del flujo de divisas por las exportaciones petroleras”, dijo.
En las últimas horas se han venido corriendo los modelos econométricos, que valida teorías con datos reales, para determinar hasta dónde se puede avanzar para no afectar la economía, enfatizó una fuente ligada al sector privado.
Caracas / Efecto Cocuyo
