La defensa de los acusados por el caso Pdvsa Cripto exigió este viernes 5 de junio a las autoridades que el juicio «se haga público y transparente», con la participación de observadores de la Defensoría del Pueblo, relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante un comunicado, suscrito por 10 abogados defensores de varios acusados por esta trama, se exigió un proceso «transparente e imparcial», así como que se realice el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».
«No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfe la verdad y la justicia», afirmó a las afueras del Palacio de Justicia el abogado Jeset García, quien representa a Joselit Ramírez, exintendente de la Sunacrip.
Enfatizó que en este juicio, además del destino de sus representados está «la supervivencia de la seguridad jurídica».
El jurista enumeró una serie de irregularidades en el juicio de Pdvsa Cripto, como estar detenidos por más de tres años «sin que haya sentencia alguna», desacato a la autoridad pretendiendo realizar el juicio oral vía telemática pese a que, señaló, el juicio comenzó de forma presencial y lleva más de 16 audiencias en esa modalidad; audiencias diferidas; negativa de traslado de los acusados al Palacio de Justicia por parte del director del Internado Judicial Rodeo I.
Por otra parte, denunció el traslado de varios procesados desde El Helicoide «sin solicitud previa del tribunal», acto que dice evidencia «la falta de autonomía de los tribunales penales frente a organismos de seguridad e investigación». Agregó que se niega el acceso a las actas y entrevistas a los asistidos.
Las personas que permanecían detenidas en El Helicoide y fueron trasladas a El Rodeo I son Roger Perdomo, Rafael Perdomo, Manuel Meneses, Jesús Méndez, Felipe Contreras, Pedro Maldonado, hermanos Almeida, Daniel Prieto y Jairo Lino.
También se trasladó a un grupo a Yare II esta miércoles: Yamil Martínez, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Juan Carlos Moreno, Renny Barrientos, Rajiv Mosqueda, Jesús Ramírez, Leonardo Torres, Kristofer Barrios, Pedro Herrera, Mario Aquino, José Lima, Edgar Sánchez, Isacc Salazar, Johan Sequera, Néstor Astudillo, Carlos Moreno, Tulio Medina y Salem Hassoun Atrach.
«Consideramos (que es) un juicio de naturaleza plenamente política contra quienes ocupaban altos cargos públicos del Estado», precisó el abogado García.
En ese sentido, el defensor alertó a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos «sobre la integridad física y psicológica de estos ciudadanos, quienes, según hemos documentado, habrían sido objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión y traslado». Asimismo, indicó que no hay atención médica oportuna, «pese al mal estado de salud».
Los defensores exigieron que «se dicten de forma inmediata las medidas de protección que correspondan» ante la gravedad de los hechos denunciados.
El abogado Jeset García enfatizó que el juicio en contra de estos acusados «carece de validez». Expuso que este proceso acumula una serie de violaciones procesales «que anulan el derecho a la defensa y un proceso justo».
Por el caso Pdvsa Cripto había 64 personas acusadas, cinco murieron estando encarcelados y uno está fugado, comentó otro abogado. En total, son 58 personas que deben presentarse en cada audiencia. Hasta la fecha, al menos 20 personas han ofrecido su declaración ante la jueza Alejandra Romero y faltarían por escuchar los testimonios de otras ocho por primera vez y algunos acusados que solicitaron ampliar su declaración inicial, antes de iniciar la evacuación y revisión de pruebas.
Caracas / TalCual
