Tal como se esperaba, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la solicitud hecha por el Gobierno nacional de dar respuesta al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Srpv) -publicado el 21 de abril-, el cual reúne 1 mil 875 solicitudes para que la instancia internacional continúe las investigaciones contra funcionarios y autoridades del Estado incursos en crímenes de lesa humanidad.
El pasado 25 de abril la administración de Nicolás Maduro pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares I que le permitiera responder al informe sobre las opiniones de los afectados por violaciones de Derechos Humanos en el país, señalando como “necesario que Venezuela” se pronuncie “en detalle a cada una de (las) alegaciones”. El informe sobre la Participación de las Víctimas y Reparaciones involucra los casos de las 8 mil 900 personas que han sido objeto de delitos como torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados y persecución, entre otros.
La CPI publicó este lunes un documento de siete páginas en el que detalla las razones para rechazar la petición del Ejecutivo nacional.
Argumentos del fallo
La Sala de Cuestiones Preliminares I, a cargo de los jueces Péter Kovács (quien la preside); Reine Adélaïde Sophie Alapini y María del Socorro Flores Liera, argumentó que Venezuela parece basar su solicitud en la norma 24(5) del Reglamento de la CPI.
Sin embargo se debe acotar que la misma establece que una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones “que el participante que responde no podría razonablemente haber anticipado".
En el apartado final del documento -número 11-, la Sala puntualizó que no concederá a Venezuela la autorización en el caso por las siguientes razones:
“La Sala ya ha recibido todas las presentaciones relevantes que había establecido y previsto en su Orden sobre la Conducción del Procedimiento, incluyendo el Informe de la Srpv”.
“Las presentaciones de Venezuela son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del Informe de la Srpv que requiera una respuesta por parte de Venezuela”.
“Además, el Informe (…) transmite las opiniones y preocupaciones de las víctimas potenciales. En esta fase, no se ha admitido la participación de ninguna víctima en el procedimiento, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no está justificado en la fase actual”.
Expertos en DD.HH en Venezuela ya habían adelantado que no es no es posible revelar la identidad de las víctimas de crímenes en esta fase, algo que estaría implícito en la petición del Gobierno. El documento continúa: “En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna presentación adicional de Venezuela, o de cualquier otro participante en este procedimiento. Habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá ahora a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto”.
De esta forma queda allanado el camino para decidir si se pasa o no a la siguiente fase de la investigación por crímenes de lesa humanidad, proceso que puede resolverse en el segundo semestre del año.
Caracas / Rodolfo Baptista
