La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocó el martes a una sesión en la que se espera que se discuta el retiro del fuero al jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, lo que podría llevar a su salida del cuerpo legislativo y enjuiciamiento.
La discusión crucial ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
En un intento por amainar el creciente malestar por el colapso de los servicios públicos, Maduro depidió la noche del lunes al ministro de Energía Eléctrica y aprobó un plan de 30 días de racionamientos eléctricos en todo el país, lo que hace prever que las fallas en los suministros de luz y agua se prolongarán por un mes más.
Algunas de las principales cámaras empresariales y analistas han advertido que la crisis eléctrica, que se ha prolongado por casi un mes, profundizará la escasez de bienes básicos, la paralización económica y la hiperinflación, lo que deteriorará aún más las precarias condiciones de vida de los venezolanos.
La convocatoria de la sesión de la Constituyente se dio horas después que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, ordenó al cuerpo legislativo levantar la inmunidad parlamentaria a Guaidó para enjuiciarlo por violar una orden del máximo tribunal que le prohibió desde finales de enero salir del país mientras enfrenta un proceso que le abrió la Fiscalía General por unos actos violentos que aún no ha precisado.
Desafiando la medida del máximo tribunal, el jefe del Congreso salió del país a finales de febrero y realizó una gira de 10 días por Sudamérica en la que se reunió con algunos mandatarios que han mantenido un abierto respaldo al movimiento opositor venezolano y que desconocieron la reelección de Maduro para su segundo sexenio.
La Constitución garantiza inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. El retiro de la inmunidad parlamentaria debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Juristas y opositores sostienen que en el caso de Guiadó estos pasos no se han cumplido.
Al desestimar la decisión del Tribunal Supremo, Guaidó _quien ha sido reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado_ dijo el lunes a la prensa que continuará alentando las presiones contra el gobierno y llamó a sus seguidores a la "más grande y organizada" manifestación para el 6 de abril.
El dirigente opositor afirmó que se seguirá concentrando en sacar del poder a Maduro y garantizar el respaldo internacional.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, también convocó el martes a una sesión en la que se espera que se discuta las últimas acciones del oficialismo contra Guaidó.
En las últimas tres semanas, el jefe del Congreso ha enfrentado una serie de presiones luego del arresto de su jefe de despacho y mano derecha, Roberto Marrero, quien fue señalado de integrar una supuesta célula terrorista, y la decisión que tomó la Contraloría General de la República de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 15 años, por supuestamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada de bienes.
A mediados de marzo, el fiscal general, Tarek William Saab, un exmilitante del oficialismo, anunció la apertura de un segundo proceso contra Guaidó por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
Caracas / AP
