¿Qué tarjetas quedan habilitadas para inscribir candidatos? ¿De dónde sacar nombres para llenar todas las postulaciones? ¿Esta vez sí se harán todas las auditorías o se repetirá lo ocurrido tras el 28 de julio? La actuación del Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales de 2024 se ha convertido en un peso de cara a los comicios de este año, con malabares que tendrán que implementarse para justificar decisiones alejadas de exigencias legales
El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles 19 de febrero que las elecciones regionales y parlamentarias que estaban convocadas para el 27 de abril ya no se harán en esa fecha, sino un mes más tarde. Ahora la fecha es el 25 de mayo próximo. Pero en los corrillos de la política esa fecha tampoco se percibe como tallada en piedra.
Elvis Amoroso no explicó las razones para ese cambio. Tan solo dijo que la decisión se tomó «a solicitud de los diversos actores de la vida democrática del país que han decidido participar en el proceso electoral». Es decir, de los partidos políticos anotados para la ocasión.
La afirmación, dicen fuentes partidistas, carece de veracidad. En el Consejo Nacional Electoral no se toman decisiones a partir de consultas con más nadie que no sea el propio PSUV. Es decir, el gobierno nacional. Tanto así que desde varias toldas recuerdan que hubo distintas propuestas sobre cuándo realizar las distintas elecciones de 2025 y ninguna fue tomada en cuenta, en favor de la opinión del oficialismo gobernante.
No obstante, algo sí revela el anuncio del CNE: las dificultades de los grupos políticos, todos ellos, para atender las exigencias de una convocatoria electoral acelerada, adelantada y que todavía carga el peso de todas las irregularidades de las presidenciales del 28 de julio pasado.
La ley electoral establece que la habilitación de tarjetas electorales debe ocurrir cuando estas cumplen con haber obtenido al menos el 1% de la votación en el último proceso electoral convocado. Para ello, solo tendrían que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada por el organismo electoral. De lo contrario, tendría primero que haber un proceso de reinscripción.
Aplicar el criterio jurídico a partir de los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2024 es harto complicado por varias razones. Primero, porque el Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados desagregados de la elección, no informó de la totalización al 100%, no divulgó la Gaceta Electoral con el detalle que ordena la norma, ni le hizo caso a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenaba publicarla. Tampoco le entregó a los partidos políticos participantes el CD con los resultados, como establece también la regla y como el propio Elvis Amoroso prometió hacer la noche del 28 de julio pasado.
Es decir, no se sabe cuántos votos sacaron los distintos partidos políticos. Ni siquiera los que han bailado más ajustados al ritmo del régimen venezolano, como admitió Timoteo Zambrano, fundador de Cambiemos, en entrevista con Vladimir Villegas (minuto 42:57).
Según las actas electorales emitidas por las máquinas de votación recopiladas por la oposición, y validadas por el Centro Carter como únicos observadores internacionales que estuvieron trabajando el 28J, pocas tarjetas electorales sacaron más del 1% de los votos de ese día. Del oficialismo, las del PSUV, Futuro y PCV. De la oposición, las de la MUD, MPV y UNT.
Ninguna otra.
El corte dejaría por fuera al 77% de las tarjetas que apoyó a Nicolás Maduro en la búsqueda de su reelección, pero habilitaría al 100% de las que inscribieron a Edmundo González. Al mismo tiempo, las otras 21 que respaldaron a candidatos minoritarios deberían desaparecer.
Tal escenario luce muy poco probable. No sería la primera vez que el ente electoral opta por mirar este asunto con cierta «apertura». Por ejemplo, para el tarjetón de 2024 los partidos Movimiento al Socialismo (MAS), Generación Independiente (Gente), Convergencia y el Partido Unión y Entendimiento (Puente) fueron impedidos de postular debido a que se tomó en cuenta la votación de 2021 para activar tarjetas, dejándolas por fuera. El criterio no aplicó a la tarjeta oficialista de Somos Venezuela que no cumplió el criterio pero no desapareció del tarjetón.
Pero ahora, el MAS ha dicho que quiere participar en las elecciones, como también lo ha hecho Puente y quienes han encabezado Unión y Progreso. Son tres organizaciones cuyas tarjetas electorales el propio CNE ha dejado en la cuneta, y que ahora tendría que reactivar si quiere atizar las divisiones entre la oposición que respaldó a Edmundo González en 2024, aunque sea desdiciéndose de su propia decisión del año pasado.
Lo dicho hasta ahora no incluye consideraciones asociadas a las últimas leyes aprobadas al cierre del año pasado, como la «Simón Bolívar», donde se abre camino a que organizaciones que «desconozcan autoridades» se les permita participar.
De manera que estamos a las puertas de ver al CNE hacer un malabar para justificar la existencia de tarjetas de partidos intervenidos por el TSJ como Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Primero Justicia, además de las de Avanzada Progresista, Primero Venezuela y Venezuela Unidad (que son los mismos que manejan la tarjeta de PJ y ninguna institución saca a relucir una aparente doble militancia de José Brito o Luis Parra), Unidad Visión Venezuela, El Cambio, Soluciones, Fuerza Vecinal, Movimiento Ecológico y Alianza del Lápiz; sin que ninguna de esas cuente con el mínimo de votos para poder postular.
También, y solo si el interés político así lo dicta, permitir que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela estén habilitadas, a pesar de formar parte de la Plataforma Unitaria que denunció fraude electoral el 28 de julio.
Fuentes partidistas comentan a TalCual que, si bien hasta el momento no tienen certezas de qué hará el CNE con esas dos últimas tarjetas, se espera que en aras de profundizar las divisiones en la Plataforma Unitaria les permitan inscribir candidaturas, poniendo el ojo en inhabilitaciones de nombres pero no de organizaciones. ¿La excusa? Son partidos que acudieron al TSJ cuando fueron llamados sobre los resultados de las elecciones presidenciales. «Lo van a tomar como que reconocieron la competencia del TSJ, de su sentencia y por tanto de los resultados», comentó una fuente.
Si cada partido político postulante a las próximas elecciones convocadas -parlamentarias y regionales- llenara por completo la lista de postulados a los distintos cargos, necesitaría alrededor de 500 nombres.
No solamente hay que inscribir nombres para las 24 gobernaciones (contando la recién creada Guayana Esequiba que no tiene control territorial), sino también para llenar 277 curules de la Asamblea Nacional (luego de que la composición del parlamento cambiara en 2020 irrespetando lo establecido en la Constitución) y los respectivos de cada uno de los consejos legislativos estadales.
No es una tarea fácil para un país que no está entusiasmado abiertamente con ese escenario electoral. No solo por las denuncias de fraude del 28 de julio pasado, sino especialmente porque la elección de 2024 mostró la llegada real de quienes se presentan a la opinión pública como suerte de terceras, cuartas o quintas vías no alineadas con la oposición mayoritaria.
Según los números divulgados por el CNE, hubo 600.000 votos repartidos entre los partidos que apoyaron a ocho candidatos: Luis Eduardo Mártínez, Antonio Ecarri, José Brito, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Daniel Ceballos y Enrique Márquez. Según las actas recopiladas por el Comando Con Vzla, esos nombres acumularon apenas 273.000 votos. Esas mismas organizaciones políticas ahora tienen la misión de llenar listas de hasta 500 nombres para postular a las próximas elecciones. Algunas ya están en conversaciones para ir en alianzas y sumar nombres a potes unificados.
Adicionalmente están las consecuencias de la represión desatada luego del 28 de julio, con miles de presos, incluyendo a quienes participaron como activistas en campaña o fungieron como testigos electorales, sin contar a un candidato presidencial, Enrique Márquez, quien intentó darle viabilidad institucional y de diálogo al desconocimiento del resultado electoral.
Fuentes electorales indican a TalCual, además, que en el propio PSUV la construcción de estas largas listas tampoco ha sido fácil. Claro que el partido de gobierno puede conseguir 500 nombres y hasta más para postular, a sabiendas que salir electo puede significar simplemente «coger línea» y actuar. Pero con la noción de que sin la participación opositora hay un escenario de «arrase» rojo, entrar en listas es tener posibilidad de salir electo… y nadie en la cúpula quiere arriesgarse a que los electos no sean «patria o muerte».
En ese escenario, por cierto, el chavismo deberá definir qué tantos espacios entrega a los sectores que sí participen, en caso de que la oposición mayoritaria y sus partidos decidan no acompañar la convocatoria. No sería la primera vez, pues en 2020 la curul de Timoteo Zambrano fue asignada a última hora al sumar votos por una alianza que no había sido informada, violando la ley… un malabar para garantizar que los insuficientes votos de Cambiemos alcanzaran para que entrara al parlamento nuevamente.
Buena parte de las discusiones en partidos políticos sobre la asistencia a las próximas elecciones va más allá de posiciones binarias, aunque suelen encallar allí. Uno de los temas pendientes es sobre garantías electorales y la capacidad real del chavismo de brindar condiciones «aceptables» para algunos.
Si bien en la «oposición mesita» se reitera que el sistema electoral tiene unas garantías legales preestablecidas, gracias a las auditorías por ejemplo, discuten las respuestas a preparar para cuando las discusiones vayan más allá.
Por ejemplo, qué decir cuando se hable de que en las presidenciales de 2024 hubo tres auditorías que no se realizaron (las postevento, que ayudan a soportar el resultado anunciado), o cuando se plantee que hubo testigos electorales y activistas presos, que hay un excandidato presidencial tras las rejas y sin debido proceso; que hay alcaldes y otros funcionarios que ya no podrán aspirar ser reelectos porque también están presos.
Caracas / TalCual
