La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este jueves 31 de octubre medidas cautelares en favor del presidente de la organización política Prociudadanos, Leocenis García, al considerar que está en una situación de gravedad “y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
A través de un comunicado, la CIDH indicó que desde septiembre no se conocen noticias oficiales de su paradero tras ser detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a pesar de que los familiares han intentado tener noticias sobre su estado de salud.
Por eso, exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de García, indique si está bajo la custodia del Estado y se precise si el político fue presentado ante los tribunales competentes para que se revisara su detención o que aclare por qué no fue puesto en libertad.
De igual forma, se solicitó al Estado que dé a conocer si Leocenis García recibió atención médica, por medio de un informe escrito, y se garantice que tenga contacto con sus allegados.
La CIDH también pidió que se implementen las medidas necesarias para que se le permita ejercer su actividad política “sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
El pasado 15 de septiembre, los familiares de Leocenis García denunciaron que estaba recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda. Para entonces, se decía que estaba en un “proceso de adecuación” dentro del recinto carcelario y por ello no lo dejaron ver ni tiene las visitas autorizadas.
El dirigente de Prociudadanos fue detenido por funcionarios del Sebin la tarde del jueves 12 de septiembre mientras circulaba por la urbanización La Castellana, en Caracas. Los familiares denunciaron que habría sido acusado de presunto terrorismo tras haber publicado un video en redes sociales del cual no dio detalles.
Antes de su detención, el político publicó un video donde recalca que la Constitución tiene las reglas que todos están “obligados a jugar” y que “saltarse la regla” significaría convertirse en una suerte de “Para-Estado”.
Caracas / La Verdad
