La Red Electoral Ciudadana (REC), una coalición de las ONG Cepaz, Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, informaron este 18 de marzo que el Estado venezolano, pese a tener ciertos avances sobre la participación de la mujer en la política nacional, aún viola los derechos civiles y políticos de la mujer de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
«Podemos decir que en materia de regulación se observa una tendencia progresiva, pero insuficiente, para garantizar la participación política paritaria de las mujeres», afirmó REC en su informe Derechos Políticos de las Mujeres en Venezuela.
Advierten que, pese a los atropellos a los derechos humanos, la participación ha alcanzado el mayor número de mujeres en la Asamblea Nacional hasta la fecha, María Corina Machado se ha convertido en una figura respaldada como candidata a la oposición y «las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tuvieron una alta participación en los procesos de revisión de Venezuela ante dos comités de tratados de Naciones Unidas» en el último año.
Sin embargo, en el país «no existen medidas de seguimiento para garantizar» la permanencia del rol de la mujer en los partidos políticos «o de sanción en caso de incumplirlas».
De acuerdo con la coalición de ONG, Venezuela no tiene un marco legal que proteja e incentive la paridad de género en los partidos políticos.
«Las dos leyes principales en la materia, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, no establecen ni promueven la participación paritaria de mujeres y hombres», agregaron. «La crisis económica tras la pandemia de Covid-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región».
Algunos de los retrocesos que describen las organizaciones son la propuesta de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines desde inicios de 2024, que busca las restricciones financieras para el avance de los derechos de la mujer. Así como las amenazas en plataformas digitales a figuras públicas como a la activista y presa política Rocío San Miguel y a la candidata María Corina Machado.
«Las estructuras sociales de protección de la mujer son débiles y carecen de recursos. Aparte de los retos económicos y logísticos, presentarse a las elecciones conlleva riesgos que las mujeres suelen preferir evitar, como ataques a su reputación, su integridad personal y a sus familiares», advirtió la REC en su informe.
Los vacíos de legalidad para consolidad una paridad de género en Venezuela también aparece en el ámbito electoral. Cepaz constató que, «aun cuando el número total de mujeres postuladas aumentó en los comicios de 2021, el número de mujeres electas para los cargos de alcaldesa y gobernadora se redujo considerablemente respecto a 2017».
En 2021 solo hubo dos gobernadoras electas, cuando en 2017 había cinco. Mientras tanto, hay 62 alcaldesas desde el 2021 y en 2017 había 75 mujeres en puestos de alcaldías. Esto representaría una reducción de 13 puntos porcentuales de la representación de las mujeres en las gobernaciones y una contracción de 9 puntos porcentuales con respecto
«La brecha de género en la adjudicación en los menores de 35 años es incluso mayor que en el resto los grupos etáreos. Se evidencia entonces la doble discriminación hacia las mujeres jóvenes», agrega la REC en el informe. «En un estudio realizado por la Asociación Cauce —publicado en 2021— se dice que el 60% de las mujeres encuestadas reconocía haber sufrido violencias en el ejercicio de su función política.
Más allá de las amenazas, las líderes políticas venezolanas deben tener un rol de cuidadoras en un contexto precario socioeconómico como lo es la Emergencia Humanitaria Compleja. Aun así, se establece un claro «techo» para los puestos de liderazgo de las mujeres más allá de los rangos de acción hiperlocales o comunitarios.
«En la práctica, a lo interno de los partidos las mujeres son mayormente consideradas para liderar iniciativas comunitarias, replicando actitudes discriminatorias y estereotipos de género, limitando el acceso a espacios o responsabilidades partidistas de liderazgo», se lee en el documento.
La REC denunció que el Estado venezolano, además de seguir las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debe «adoptar el Reglamento de la Ley Orgánica por el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia», así como las leyes de participación electoral.
