Este jueves 22 de agosto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por la magistrada Caryslia Rodríguez, sentenció la validez de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según estos, el gobernante Nicolás Maduro habría resultado ganador de los comicios con 51% de los votos.
Pero, ¿quién es Caryslia Beatriz Rodríguez, la funcionaria encargada de convalidar los resultados de una elección que fue calificada como poco transparente por el Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas?
Rodríguez, quien asumió la presidencia del TSJ el pasado enero con el respaldo de toda la Sala Plena, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Obtuvo un doctorado en control contencioso administrativo de las conductas del poder público y una maestría en derecho penal militar de la Universidad de Nueva Esparta.
Desde la juramentación del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional, en 2022, funge como presidenta de la Sala Electoral del máximo tribunal, cargo en el que se mantiene hasta la actualidad.
Rodríguez ha desarrollado su carrera política entre las filas del chavismo. En diciembre de 2018, obtuvo la elección como concejal de las parroquias El Recreo, San Pedro, Santa Rosalía y San Agustín en el municipio Libertador (Distrito Capital) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico.
Más recientemente, en agosto de 2021, fue precandidata a las elecciones primarias del PSUV para escoger a su representante del municipio Libertador de cara a los comicios regionales de ese año. También sirvió como alcaldesa encargada de la ciudad capital luego de la renuncia de Erika Farías.
Poderopedia reseña que, antes de este nombramiento, Rodríguez se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal de la Alcaldía de Caracas, cargo que ocupaba desde el 1 de febrero de 2021.
Tras los resultados de los comicios presidenciales dados por el CNE, el nombre de Caryslia Rodríguez cobró más relevancia cuando el mandatario Nicolás Maduro introdujo un recurso contencioso para que la instancia jurídica suprema realizará la verificación de los resultados.
Posteriormente, el TSJ convocó el 2 de agosto a los 10 excandidatos presidenciales a firmar un acta mediante la cual se aceptaría la sentencia emanada por la autoridad judicial. El aspirante presidencial Edmundo González Urrutia no asistió a la convocatoria, mientras que Enrique Márquez, excandidato del partido Centrados, se negó a firmar el acta alegando que no conocía qué contenía el recurso introducido.
Durante esta sesión, Rodríguez instó a los ciudadanos, candidatos, partidos políticos y otros sujetos intervinientes «a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso». Además, solicitó a los partícipes del proceso electoral consignar los documentos legales de relevancia jurídica que se solicitaran.
El 5 de agosto, el CNE consignó ante el TSJ las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales cuya publicación aún se pide y, 10 días después, Rodríguez anunció que el peritaje de este material había iniciado.
«Se procedió a realizar presencialmente la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del CNE», dijo la magistrada. Sin embargo, la autoridad judicial no informó quiénes eran los peritos y expertos encargados del proceso, así como tampoco especificó cuáles procedimientos se incluyen en dicho peritaje.
15 días más tarde, el ex aspirante presidencial Enrique Márquez acudió al TSJ para presentar una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral, porque considera que sus vínculos políticos afectan su imparcialidad en el caso.
Este 22 de agosto, tras certificar el triunfo de Maduro anunciado por el CNE, Rodríguez también señaló que se enviaría la información concerniente al Ministerio Público para su investigación sobre las actas publicadas por el sector opositor liderado por María Corina Machado en la página web resultadosconvzla.com. Según estas actas, González Urrutia sería el ganador de los comicios con 67% de los votos.
Asimismo, la Sala Electoral ratificó el «franco desacato» de González Urrutia al no asistir a las convocatorias o la «consignación de actas de escrutinio, listado de testigos y cualquier otro material», asegurando que estaría sometido a las «sanciones previstas en el ordenamiento jurídico».
Puerto La Cruz / Redacción web
