Desasistidos. Así dijeron sentirse los agrupados en la Asociación Civil de Personas con Discapacidad Visual del Estado Anzoátegui (Acpdvea) que ha logrado integrar a más de 130 invidentes en la zona norte de la entidad, a fin de brindarles atención integral en diversos ámbitos de la sociedad.
Basados en la Ley de Personas con Discapacidad, el presidente de esta organización, Bernando Fermín, junto a otros invidentes, señaló que el Estado tiene una deuda social con quienes poseen esta condición, pues no se cumplen todas las ordenanzas disponibles.
Puso como ejemplo que en la artículo 28 reza que “los entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de 5% de personas con discapacidad permanente de su nómina total, sean ellos ejecutivos, empleados u obreros (…)” . Sin embargo, la mayoría de sus compañeros están desempleados o sus ingresos dependen de emprendimientos de elaboración de dulces o productos químicos.
Mencionó que 16 de las personas con discapacidad que están agrupados con ellos están trabajando en la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar, como Es el caso de Mayerlin Hernández, quien es secretaria de finanzas de la asociación.
Ese es un punto a su favor. No obstante, señala que tiene siete años en busca de una vivienda digna sin obtener respuestas.
“He hecho la solicitud a los dirigentes políticos, alcaldes y a Nicolás Maduro, pero no he conseguido respuesta. Vivo alquilada junto a mi esposo, que tiene discapacidad motora, y pagamos 40 dólares mensuales. Ambos trabajamos en lo que podemos, pero se nos hace difícil reunir ese monto. Yo, adicionalmente hago dulces y él hace marketing a empresas”, explicó.
Por no tener casa propia, Mayerlin no puede gozar del beneficio de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). De pate del Gobierno nacional lo que reciben es un bono de 5 millones 200 mil bolívares por concepto de discapacidad.
El artículo 36, además de definir el derecho a una vivienda digna, prevé que “el Estado, a los efectos de protección social desarrollará los proyectos arquitectónicos que se fundamentarán en las necesidades propias de las personas con discapacidad (…) También dice que los organismos públicos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat otorgarán facilidades para el acceso a las políticas sociales y recibir créditos para construcción, ejecución o remodelación de vivienda.
En cuanto a la alimentación, muchos de los que no tienen familiares cercanos recurren a los comedores populares. Así le toca hacer a Alexander Hernández, que también vive alquilado. Él contó que diariamente sale de su residencia en Las Casitas para alimentarse en Barrio Sucre, en un espacio que depende del Instituto Nacional de Nutrición (INN).
Bernardo Fermín, presidente de Acpdvea, manifestó que el trato que pauta la ley acerca del transporte público tampoco se cumple para ellos.
El artículo 39 dice que “el Estado, a través del ministerio con competencia en materia de transporte, y los estados y municipios establecerán el pasaje gratuito de transporte urbano, superficial y subterráneo y, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de descuento en los montos de los pasajes terrestres extraurbanos, aéreos, fluviales, marítimos y ferroviarios en las rutas nacionales (…)”, pero aseguró que los transportistas les exigen el pasaje completo o se molestan cuando les pagan como dice el reglamento legal.
El señor Amado González denunció que en reiteradas oportunidades ha recibido ofensas de los colectores de las unidades por ese motivo. “No nos respetan, nos ofenden, incluso han intentado bajarnos de los carros, nos dicen que con los carnet de discapacidad no se compra y que además ellos no están puestos por el gobierno”, comentó.
En cuanto a salud, el presidente de Acpvea apuntó que no tienen acceso gratuito para ninguno de los servicios médicos, si siquiera para el que les compete a ellos principalmente que es el oftalmológico.
Dijo que hace unos años la asociación logró un convenio para cupos de consultas de esa área en el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) César Rodríguez de Guaraguao, cuando el jefe del servicio era un doctor de nombre Osvaldo Solórzano, pero perdieron el beneficio que cuando este se jubiló.
Agregó que esta y otras consultas se volvieron inaccesibles para ellos porque superan los 50 dólares
Puerto La Cruz / Milena Pérez
